El agujero negro de Diplocat


El Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación sobre los gastos de la red diplomática de la Generalitat para comprobar el empleo de los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña durante los ejercicios que se han desarrollado desde el año 2011 hasta el año 2017. De esa manera, se ejecuta una de las medidas aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 27 de octubre para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

Diplocat es una entidad pública catalana que estuvo desarrollando labores de representación política y comercial de Cataluña en otros países hasta que se determinó su extinción por la ejecución de las medidas adoptadas conforme al artículo 155 de la Constitución tras la emisión de la autorización del Senado. Lo curioso es que, según el artículo 149 de la Constitución, las relaciones internacionales y las relaciones comerciales nacionales son materias incluidas exclusivamente en las competencias del Estado, de modo que las Comunidades Autónomas no deberían poder actuar en el ámbito de las mismas.

Hay muchas medidas adoptadas por el artículo 155 de la Constitución que han sido muy polémicas. Sin embargo, la de Diplocat no ha provocado un abultado jaleo, ya que, posiblemente, prefería no hablarse de ella, como si no hubiera existido, aunque ha estado funcionando para colocar a dirigentes y a personas muy próximas al independentismo catalán que han podido vivir muy bien durante unos cuantos años gracias a una entidad pública catalana que, en una medida superior al resto, ha servido para absorber dinero público del mismo modo en el que un agujero negro absorbe la materia.

El Tribunal de Cuentas deberá actuar con total diligencia para que se pueda saber con precisión que ha sucedido con los recursos públicos atribuidos a Diplocat. Si ha existido una aplicación indebida de los mismos, deberá declararse la responsabilidad contable de aquellos que han contribuido, de un modo u otro, a saquear de los fondos catalanes. Además, deberá fijarse la devolución de las cantidades indebidamente aplicadas, aunque no sería extraño que eso implicara tener que ir a preguntar en Andorra o en Suiza.

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