La ética pública

Entre las causas que desencadenan la corrupción en el mundo encontramos, desde una perspectiva preventiva, la ausencia de un ambiente general de ética pública. En efecto, la explicación de determinadas costumbres y hábitos sociales encuentra su justificación en un escaso compromiso con lo público debido a la pérdida de referencias éticas en el ejercicio del gobierno y de la dirección de instituciones públicas.

En efecto, con frecuencia los cargos públicos no se contemplan como actividades para satisfacer las necesidades colectivas del pueblo o como formas de trabajar por el bienestar general e integral de los ciudadanos. Más bien, los cargos públicos no pocas veces constituyen oportunidades para el enriquecimiento personal y para afirmar el dominio y la exclusión. En este contexto, las más elementales exigencias de la ética aplicadas a la dirección de los asuntos públicos brillan por su ausencia. En muchos países no hay carrera administrativa, no hay institucionalidad, las remuneraciones son arbitrarias, el sistema de captación de personal nada tiene que ver con el mérito y la capacidad y, la falta de un sistema de recompensas y méritos acorde con el desempeño honesto y eficiente, han dado lugar, como regla general, a una profunda desmotivación y desmoralización del conjunto de la función pública que comprueba a diario los efectos del clientelismo y el nepotismo.

En este ambiente se produce una inquietante pérdida de credibilidad social de las instituciones públicas que abre todavía más la brecha entre el pueblo y los dirigentes, privatizando la vida pública hasta límites insospechados. Claro, así lo público apenas tiene consistencia en sí mismo pues queda merced de los particulares en un peligroso proceso de pérdida de las referencias éticas y morales del servicio público.

El utilitarismo exacerbado, aunado al culto a los “vivos” ha generado un fuerte debilitamiento del sentido de lo público y ha conducido a una perspectiva que privatiza el espacio y la función pública. Ello explica la ausencia de compromiso con una ética pública inspirada en valores ciudadanos. Por la sencilla razón de que en estos sistemas los ciudadanos, el pueblo, apenas cuenta, como no sea para ser manejado y utilizado arbitrariamente tantas veces por los políticos de turno.

La perspectiva central de la persona y la consideración de la actividad pública como una tarea de servicio real al pueblo son los dos criterios más importantes de la ética pública en los que hoy hay que trabajar.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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