Justicia o venganza

Una amiga me remitió esta semana un documento para firmarlo. En él se pide al Parlamento español la no derogación de la pena de “prisión permanente revisable”. Un controvertido tema que viene rodando por el pensamiento de juristas y ciudadanía en general desde que el PP lo propuso en su campaña electoral y lo aprobó en solitario con su mayoría absoluta en 2015. Desde entonces se ha puesto en tela de juicio, se ha dicho y desmentido su constitucionalidad, se han valorado tres artículos de la Constitución, por los que puede considerarse inconstitucional esta condena que se ha aplicado por primera vez al parricida de Moaña.

Me fui a mi ejemplar de la Carta Magna y repasé esos artículos, especialmente el 25, donde se especifica que “las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” y se dictamina sobre los derechos del condenado. Como había leído en alguna parte que también podía incumplir el artículo 15, fui a refrescarlo. Por él se protege a la ciudanía “contra la tortura y las penas o los tratos inhumanos”. El tercero de los artículos que dicen podría estar infringiendo este correctivo es el 17, el cual “garantiza la libertad y seguridad de las personas”.

Todos estos puntos pesaban en mi decisión mientras releía la propuesta enviada por mi amiga. De haberme quedado en esa plaza pública legalista, probablemente no estamparía mi dudosa firma en la petición. Pero tras pensar, por el placer de pensar, llegué a la conclusión de que ninguna de estas normas constitucionales disponen nada sobre la temporalidad de las condenas, excepto para las detenciones preventivas. También consideré que hoy las estancias en las prisiones españolas no pueden considerarse inhumanas, por muy dolorosa que sea la privación de libertad. Y valoré como totalmente despiadado el asesinato o la violación de una persona.

De ahí me fui al pugilato político. Anduve repasando las declaraciones del PP, vanagloriándose de haber realizado con esta norma una “conquista social” y haber creado “un instrumento útil para la Justicia”. Los partidos de la oposición se agarraban a “la prudencia necesaria”, a la calificación de “inhumana y degradante”, a “la alarma social que genera” o a “la venganza frente a la justicia”, entre otros argumentos. Naturalmente, no me aclararon nada y entendí la confusión sembrada en la sociedad cuando se enfrenta a delitos como la muerte de Diana Quer, cuyo padre ha promovido la recogida de firmas para evitar la derogación de la ley.

Y yo me pregunto, ¿es una venganza obligar a un parricida, a un violador o a un asesino, a vivir una reclusión permanente revisable? ¿No se está aplicando con ello, para la ciudadanía en general, el derecho a la protección del artículo 17? Sabemos que ninguna condena acaba siendo ejemplarizante, sabemos que los porcentajes de reinserción son paupérrimos, sabemos que el nivel de reincidencia de los delincuentes es elevado, sabemos que solo cuando se desatan las alarmas sociales vuelven a levantarse banderines de enganche a favor y en contra de la prisión permanente, pero nos cuesta saber si estamos ante una decisión conservadora o una posición progresista, ante la ejecución de una pena justa o frente a una venganza social. ¿Por qué es tan difícil encontrar la equidad entre el delito y la condena sin perderse en la demagogia?

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