Ideas extranjeras para luchar por la igualdad salarial

El derecho fundamental a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, es básico y constituye un elemento primordial para conseguir una sociedad justa. La Sentencia del Tribunal Constitucional 3/2007, de 15 de enero, dice que ese precepto “exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de suerte que, para introducir diferencias entre ellos, deba existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas”.

Debe tenerse presente que el artículo 35.1 de la Constitución se refiere a la igualdad en el trabajo, ya que establece que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. El problema es que, después de la aprobación de la norma suprema del ordenamiento juridico español, no se lograron grandes cambios para solucionar la discriminación salarial por motivos de sexo. Posterormente, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya Exposición de Motivos indica que “La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”. Tras una década desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, sigue existiendo discriminación salarial por razón de sexo en España.

En Islandia y Alemania se han aprobado normas que van a servir, de distintas maneras, para combatir contra la discriminación salarial por razón de sexo. En Islandia se ha decidido usar el Derecho Administrativo mediante la imposición de sanciones para las compañías que no prueben la inexistencia de desigualdad salarial entre mujeres y hombres y en Alemania se ha optado por la vía de la transparencia para que los empresarios deban hacer públicos los salarios que abonan, de modo que aquellos que paguen diferentes sueldos a mujeres y hombres sufran una fuerte presión social.

Hay que reconocer que, en España, se podría aprobar, de manera muy sencilla, una medida como la de Islandia, que se ajusta más al sistema español que la adoptada en Alemania, pues solo habría que modificar la Ley Orgánica 3/2007 para establecer sanciones efectivas. Sin embargo, no parece que convenga verdaderamente efectuar un cambio que afectaría de manera drástica al mercado. Además, si se realizara la modificación para lograr la igualación de los salarios, no se cumplirían los objetivos con facilidad, ya que muchas compañías podrían escaparse con éxito de las sanciones por discriminación al igual que se escabullen frente a los castigos por incumplir la normativa laboral.

Se necesitan medidas, pero, para que las mismas tengan efectividad, se necesita un cambio de mentalidad, de modo que se pretenda luchar, por parte de todos, contra la discriminación salarial. Podría lograrse un gran avance si, para empezar, se hablara menos por los estudiosos de la desigualdad salarial y se adoptaran más medidas para combatirla.

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