El juez impide a los diputados encarcelados acudir al Parlamento pero sí delegar su voto

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó ayer que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, los diputados electos encarcelados, puedan salir de prisión para asistir a los debates y votaciones del Parlament, aunque les reconoce el derecho a delegar el voto. En un auto, establece la incapacidad legal prolongada de los tres investigados para asistir a los plenos, por lo que la Mesa de la Cámara deberá arbitrar el procedimiento para que deleguen sus votos en otros diputados mientras permanezcan en prisión preventiva. Asimismo, Llarena rechaza el traslado de Junqueras desde la prisión de Estremera a otro centro penitenciario “sin perjuicio de que tal reclamación pueda ser cursada a la autoridad penitenciaria competente”.

El magistrado considera que si bien el derecho a la participación política es intrínseco a su condición de diputados, está sujeto a limitaciones que derivan de otros derechos. En este caso, una excarcelación puntual sería contraria a la razón que motivó su ingreso en prisión incondicional: el riesgo de reiteración delictiva. Además, el instructor entiende que los traslados de la cárcel al Parlament implican un riesgo de que se produzcan altercados.

Por lo que respecta a la delegación del voto, el juez advierte de que sólo ampara a los diputados presos preventivos, pero no a “otros”. Los diarios resaltan que con esta precisión el instructor se adelanta a la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los otros cuatro diputados electos fugados en Bruselas aleguen que también tienen derecho a ceder su voto.

Alegaciones de Forn y Sànchez

Por otro lado, el exconseller de Interior Joaquim Forn asegura en un escrito al Tribunal Supremo en el que pide su libertad provisional que nunca puso a los Mossos “al servicio del proyecto independentista del Govern”. Forn remarca que ya expresó ante el juez Llarena “sin ambigüedades, reservas o ambivalencias semánticas” que su “convicción y voluntad firme” se sitúan en “desplegar su actividad política en relación a los fines de consecución de un Estado propio para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan”.

Forn niega que los Mossos fueran pasivos el 1-O y el 20 de septiembre y se desvincula de los operativos policiales de esas dos jornadas, que se llevaron a cabo siguiendo criterios “estrictamente policiales”.

Por su parte, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez pide al Supremo que lo deje en libertad dado que “la situación se está normalizando” en Cataluña tras unas elecciones celebradas “en plena paz social”, e insistió en que su renuncia a la vía unilateral no es “oportunista”.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aseguró ayer, tras anunciar que no repetirá en el cargo, que su idea es ejercer sólo de diputada, por lo que “en principio” descartaría entrar en el Govern, y manifestó respeto por las declaraciones de los presos por el proceso soberanista.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que los pasos atrás y las declaraciones de políticos catalanes como Carme Forcadell, Artur Mas o Carles Mundó son los efectos que va produciendo “lenta pero inexorablemente” la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A su entender, si algo se “ha aprendido de la deriva secesionista es que no se puede estar al margen de la ley”.

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