Consejos vendo

 

Aquí somos todos buenos hasta que la ley o las sentencias se ciernen sobre uno. Aquí damos amplia doctrina sobre el Estado de Derecho, pero cuando llega la hora de asumir mandatos que no resultan favorables a la causa propia  no son pocas las Administraciones, partidos políticos e incluso profesionales de la Justicia que se ponen de inmediato manos de obra para ver cómo sortearlos e incumplirlos. Aquí muchos hablan de lealtad constitucional cuando se la reclaman  a terceros, pero se ponen de perfil o de espalda cuando deberían ser ellos mismos quienes predicaran con el ejemplo.

Lo comento a propósito de la reacción de la Junta de Andalucía ante la sentencia del Tribunal Constitucional,  que ha estimado el recurso del Gobierno central central y denegado en consecuencia la pretensión del Ejecutivo de Susana Díaz de reducir a 35 horas semanales la jornada laboral de los 250.000 empleados públicos de la región.

El alto tribunal ha entendido que la norma andaluza  vulnera las normas emanadas del Estado en el ejercicio de su facultad para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas; es decir, que se trataría de una invasión de competencias.

Pues bien: a la Junta de Andalucía no se le ocurrió en principio mejor cosa que asumir en teoría  las 37,5 horas semanales que establece la ley de Presupuestos generales de 2017, pero dividiéndolas en dos partes o conceptos: 35 serían presenciales, en el puesto de trabajo, y otras 2,5 a realizar por cada funcionario en su casa, sin control alguno y pagadas con dinero público. Ignoro qué recorrido práctico y jurídico podrá tener  este artificioso subterfugio. Pero lo que no cabe –creo-  es considerarlo como “acatamiento” de la sentencia, tal cual pretende el Gobierno de aquella comunidad.

No sé, con todo, si Susana Díaz no habrá quedado desautorizada para aparecer como el  ortodoxo altavoz del PSOE a la hora de  salir al paso de desviaciones en el cumplimiento de la propia Constitución. Porque, como se ha visto, bien puede aplicársele aquello de “consejos vendo y para mí no tengo”.

La controversia andaluza ha venido a coincidir en el tiempo con otras sentencias del TC que anulan  las normas al respecto de País Vasco y  Comunidad Valenciana sobre cobertura sanitaria total a los simpapeles. Y también, por invasión de competencias.

La verdad es que la norma estatal en que Moncloa  ha basado sus respectivos recursos  ha sido incumplida por casi todas las comunidades, bien a través de instrucciones internas por parte de la Administración sanitaria respectiva, bien por vistas gordas, bien por eufemísticos programas propios como en Galicia.

Lo cual viene a mostrar una vez más la necesidad y hasta urgencia de la reforma del Título VIII de la Constitución, el peor de todos,  a juicio de los expertos. Porque parece claro que no se puede mantener un sistema en buena parte conformado  a golpe de sentencias del TC, con  las lógicas y diversas sensibilidades que ante el hecho autonómico el alto tribunal ha ido teniendo a lo largo de los años.

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