Feijóo con la AP-9

Alberto Núñez Feijóo se colocó ante el micrófono sin que se le moviera un solo pelo ni se le arrugara un hilo del traje, las gafas correctamente ajustadas y la mirada, esa que solo desde la altura del poder es posible lucir, contemplando la realidad desde el más allá de lo cotidiano. Como acostumbra, desde hace más de un lustro, ante las preguntas de los periodistas respondió tirando de solvencia y rotundidad. Con el mismo carisma de los dioses romanos y la tranquilidad de no jugarse el puesto -como si lo desdeñara- por un quítame ahí un peaje de la AP-9.

 El tema que corroía a la ciudadanía gallega y a la prensa era la nueva subida de tarifas de la Autopista del Atlántico anunciada para enero. Los pagos se incrementarán casi un cuatro por ciento en la columna vertebral de las comunicaciones internas de Galicia. Hoy, cruzarla de Ferrol a Tui, supone un gasto mínimo de veinte euros. Una de las tarifas más caras de España, en una de las comunidades con menor poder adquisitivo del país.

Interrogado por el anuncio de subida por parte de la empresa concesionaria y la autorización del Ministerio de Fomento, el presidente gallego sorprendió con la rotundidad de su respuesta: “si la AP-9 fuese competencia autonómica defendería una política tarifaria distinta”. Esto es, el ratón escapó del gato sin soltar el queso. He ahí la habilidad dialéctica que solo la experiencia del gobierno absoluto otorga. No prometió bajarlas ni eliminarlas pero lo pareció.

Una vez colocado en la situación de defensor del pueblo viajero, también parecía necesario borrar cualquier sospecha colaboracionista con los gobiernos de Zapatero y Rajoy y se perdió en acusaciones a José Blanco y en porcentajes de subidas del pasado, de las que maquiavélicamente salía ventajosa la actuación de Ana Pastor. Nadie puede asegurar que lo hiciera para olvidar que, gobernando Aznar en España y Fraga en Galicia, se vendió esta joya de la corona a Saciy-Vallermoso. Y que, bajo los dos mismos dirigentes, en el año 2000, en lugar de recuperarla para Galicia, se amplió la concesión privada hasta agosto de 2048.

Y está en los anales de nuestra historia que, mientras el recorrido construido durante los ocho últimos años ha aumentado en algo más de sesenta y tres kilómetros, los ingresos anuales han crecido un 156,52 %. La AP-9 es una vía de uso casi obligatorio y unos veinticinco mil vehículos la utilizan diariamente, lo que quizás represente más de ciento cuarenta millones de euros de ingresos anuales, a los que quizás debamos sumar peajes en la sombra y subvenciones. No parece que el negocio vaya mal, de lo que nadie duda es de la deficiente administración de Audasa en diversos periodos de su historia.

Todos los usuarios valoramos la permanente modernización y adecuación de la vía a las necesidades reales. Lo que, naturalmente, no exime a la concesionaria para abusar de privilegios y, por ejemplo, negarse a pagar el IBI al 95 % de los ayuntamientos por los que discurre. Ni al presidente Feijóo a utilizar subterfugios y porcentajes confusos, para justificar un peaje desproporcionado dentro del desconcierto de la realidad económica gallega.

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