La formación continua de los empleados públicos

Una buena estrategia en la formación continua puede, debe ser, un revulsivo notable en la elevación, y si el caso recuperación, de la ilusión por la mejora profesional del empleado público. Por tanto, mejora en la capacidad técnica, mejora en la ilusión por servir a los intereses generales y, en definitiva, mejora en el compromiso del empleado público como colaborador y responsable, cada uno según el puesto que ocupe en la maquinaria administrativa, de sacar adelante el interés público. En el fondo, colaborar en el progreso de la sociedad debe traducirse en aumento de la calidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la promoción, defensa y protección   del libre y solidario  ejercicio de los derechos fundamentales.

La Administración pública tiene una clara función de servicio objetivo a los intereses generales como proclama solemnemente el artículo 103 de nuestra Constitución.  En efecto, desde que existen intereses generales, intereses que superan la individualidad por afectar a la propia comunidad, ha existido una organización encargada precisamente de atender esos intereses supra-individuales. El Constituyente, en el citado artículo 103, utiliza la expresión “servicio”, referida a la Administración. Podía haberse referido a otras expresiones  como “defiende”, “gestiona”, “representa”, etc.; pero no, ha querido aludir a que la Administración pública como organización, y todos sus agentes -todos los que trabajan en el servicio público- están al servicio objetivo  de los intereses generales. De aquí precisamente la grandeza y la servidumbre de la función pública.

¿Qué significan los intereses generales en un Estado social y democrático de Derecho?. En mi opinión, los intereses generales, los intereses sociales, se encuentran vinculados a la realización del libre y solidario  ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los integrantes de la comunidad  y, sobre todo, por parte de los que menos posibilidades tienen de ejercitarlos. Es decir, la Administración Pública y, por tanto todas las personas que trabajan en el servicio público -independientemente del lugar que ocupen en el engranaje administrativo- deben tener presente que con ocasión de su tarea profesional deben propiciar espacios y entornos  para que cada ciudadano  desarrolle libre y solidariamente su personalidad. Ello quiere decir, ni más ni menos, que la sensibilidad frente a los derechos humanos de los ciudadanos debe ser una nota distintiva de la funcionalidad de la Administración pública de nuestro tiempo.

La Administración pública, no debemos olvidarlo, es de la ciudadanía. Los ciudadanos son los auténticos propietarios de las instituciones en una democracia. Por eso, no se compadecen en absoluto con el sistema democrático aquellas descripciones de Max Weber sobre el sutil y proceloso proceso de patrimonialización de las estructuras y procedimientos administrativos por parte de los trabajadores públicos. Hoy, lo sabemos bien, la actitud de servicio a la gente debe ser el criterio esencial por el que los ciudadanos deben reconocer la actividad de la Administración pública y la de todos sus empleados.

Por otra parte, el servicio a los intereses generales debe ser, según el artículo 103 de la Constitución, “objetivo”. Por lo tanto, los criterios de mérito y capacidad deber ser los perímetros básicos para la selección de personal en la Administración Pública y, la publicidad y concurrencia debe presidir la entera actividad de contratación de bienes y servicios por parte de los organismos públicos.

Estas son, a mi juicio, algunas de las características que deben distinguir a la Administración pública, y a sus empleados, en el tiempo presente. Servicio, objetividad, imparcialidad, neutralidad, integridad… son algunos de los valores y cualidades que residen en el concepto de servicio público. Hoy, que tantos conceptos, categorías e instituciones están en proceso de redefinición. Hoy, precisamente, que nos encontramos en un mundo en el que lo que hay que globalizar de verdad es la solidaridad. Se trata, sobre todo, de renovar constantemente el compromiso de servicio a la sociedad y a la ciudadanía para que, de verdad, los ciudadanos perciban que son los dueños de las estructuras administrativas y para que la Administración pública facilite, que no es poco, el libre  y solidario ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Esta es, me parece, la gran reforma administrativa que siempre estará presente, porque siempre se podrá trabajar mejor en esta dirección.

 

Jaime Rodríguez Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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