Podemos quiere impugnar la autorización del artículo 155



Podemos ha anunciado su intención de impugnar la autorización que el Senado concedió para que el Gobierno pudiera aplicar las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. La declaración de pretensiones ha llegado después de las críticas realizadas por dirigentes de ERC, que no entendían que Podemos no hubiera procedido ya a atacar jurídicamente la autorización de la coerción estatal.

La formación dirigida por Pablo Iglesias ha utilizado el recurso de inconstitucionalidad, que es un instrumento procesal que sirve para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Sin embargo, parece difícil entender que el recurso de inconstitucionalidad pueda ser el medio idóneo para atacar la autorización del Senado para que se apliquen las medidas del artículo 155 de la Constitución, que no parece ser una norma con rango de ley.

El recurso de amparo parece un instrumento más ajustado para la impugnación de la autorización del Senado, ya que, realmente, se podría destacar que es un acto no legislativo de la cámara.

Hay que tener presente que el Tribunal Constitucional podrá determinar correctamente la naturaleza jurídica del acto del artículo 155 de la Constitución cuando proceda con la admisión o inadmisión. Posteriormente, si hubiera admisión o si se presentara un recurso de amparo, habría que ver lo que ocurre con la estimación.

Parece muy difícil que el Tribunal Constitucional pueda llegar a estimar la impugnación de la autorización del Senado para que se realice la coerción estatal. Las circunstancias existentes en el momento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución se ajustaban totalmente a ese precepto, en la medida en que la Generalitat estaba incumpliendo, reiteradamente, sus obligaciones constitucionales y legales y, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015, “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.

En cualquier caso, ya se ha podido ver que las medidas de la coerción estatal empleada por el Gobierno han tenido un alcance muy limitado. No se ha afectado negativamente a los ciudadanos y no se han adoptado decisiones excesivamente invasivas en los entes administrativos, aunque no habría sido incorrecto hacer cambios más profundos pensando en el futuro.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar