Delitos de odio en Cataluña


Durante las últimas semanas se han denunciado más de 150 delitos de odio y otros conexos con los mismos. El artículo 510 del Código Penal castiga, con las penas de prisión y de multa, varias conductas, debiendo destacarse la de aquellos que, públicamente, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

Irremediablemente, el odio genera odio. Se ha podido comprobar fácilmente en Cataluña, donde el sentimiento de rechazo por todo lo español ha terminado incrustándose en muchos ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, que han llegado a acosar e insultar a los que decían sentirse españoles, que han podido sentir escaso afecto por aquellos que aplauden por las ideas catalanistas.

Pudo captarse, con mucha claridad, una campaña que, desde las instituciones, se fue extendiendo para poder alcanzar un clima de primacía de las ideas independentistas que impedía la aceptación de aquellos que decidieran defender sus verdaderos sentimientos, que resultan incompatibles con la secesión de Cataluña. Los agresivos mensajes han estado difundiéndose hasta hace relativamente poco.

Sin duda y con determinación, debe investigarse lo ocurrido en relación con la situación de marginación sufrida por bastantes personas que se definían como catalanes y españoles. Sin embargo, resultaría insuficiente centrarse en las averiguaciones que afecten a situaciones recientes y concretas, pues es muy probable que los delitos de odio cometidos en Cataluña durante pasadas semanas tuvieran su causa común en anteriores actos delictivos que no han sido demasiado atendidos por la opinión pública.

Concretamente, es posible afirmar que los encargados de dirigir y coordinar TV3 pueden haber promovido la ejecución de delitos del artículo 510 del Código Penal mediante la difusión de la doctrina independentista que han estado defendiendo por mantener sus buenos sueldos. Por esa misma razón, debería revisarse su actuación durante los últimos meses, verificando si, efectivamente, se han estado produciendo hechos delictivos.

 

Diego Fierro Rodríguez es abogado de profesión


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