La responsabilidad patrimonial de la Generalitat por la secesión catalana

La defensa del secesionismo catalán y la declaración unilateral de independencia provocaron una gran incertidumbre en distintos aspectos relacionados con la política y la economía. La inseguridad jurídica se terminó traduciendo en un cambio de domicilio de numerosas sociedades que tenían en Cataluña el centro principal de intereses y en otros eventos.

Algunos despachos de abogados están estudiando seriamente la posibilidad de presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat por los daños ocasionados por la Administración catalana por la declaración de independencia. El plan consistiría en exponer las peticiones de indemnización ante la entidad gubernativa para acudir a la vía judicial cuando ya se hubiera agotado la administrativa.

La Ley 40/2015 desarrolla las reglas de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que se encuentra establecida en el artículo 106 de la Constitución. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que hayan sufrido en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, el daño que provoque la reclamación deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Parece complicado que se puedan llegar a estimar demandas contencioso-administrativas por la declaración de independencia de Cataluña, aunque haya daños patrimoniales efectivos. Varios son los argumentos:

– Se requiere que el daño sea cuantificable. Sin embargo, no debe ser precisamente sencillo determinar la cuantía de la lesión patrimonial en la mayoría de los casos.

– Se necesita que la lesión patrimonial sea un sacrificio especial y singular, como indica Ana Fortes González, de modo que el perjudicado haya tenido que soportar un perjuicio individual y categórico que no tenía el deber jurídico de soportar. La declaración de independencia ocasionó daños a muchas personas, de manera que no se puede hablar de un perjuicio singular, ya que, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1998, una carga colectiva o general carece de los condicionamientos de singularidad y gravamen individualizado que justificarían, sólo en su caso, el resarcimiento.

– Se requiere relación de causalidad e imputación objetiva, de modo que la actuación administrativa haya producido el daño, que debe atribuirse total o parcialmente al ente gubernativo. En este caso, podría decirse que hay dudas sobre el responsable, pues no hay que descartar que la Administración catalana pueda ser un sujeto perjudicado.

Cuando se habla de la responsabilidad civil, hay muchas cuestiones que pueden resultar controvertidas y difíciles de resolver. Aunque pueda pensarse que hay responsabilidad patrimonial de la Generalitat de Cataluña por la declaración de independencia, parece algo dudoso que se puedan conceder indemnizaciones por ese evento.

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