El Ministerio de Interior asumirá los Mossos

El plan que ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, se dispondrá el cese del consejero de Interior, “y en su caso”, de las autoridades dependientes, en referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.

“Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos”, establece el plan enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta. “En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Si se llega a cesar al jefe de los Mossos, “el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación”. Además, los expertos en delitos informáticos de la Guardia Civil asumirán el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

 

TV3

 

En cuanto a los medios de comunicación públicos, el Ejecutivo también contempla asumir las competencias relacionadas con la radio y televisión pública de Cataluña. El objetivo, según el Gobierno, es “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Asimismo, el Gobierno asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria de la Generalitat. El objetivo es garantizar que ninguna partida se destine a actividades vinculadas con el proceso secesionista. También está prevista la actuación contra los empleados públicos que no cooperen en la aplicación del artículo 155. “El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación”, se advierte en el documento enviado por el Ejecutivo al Senado.


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