El interés general y la democracia


Con mucha frecuencia escuchamos o leemos que tal o cual decisión del Gobierno o tal o cual iniciativa o propuesta de la oposición, que tal proyecto de los sindicatos o de la patronal, responden al interés general, esa mágica palabra que su sola mención parece eximir de mayores explicaciones o justificaciones a quien la esgrime. Es probable que en los tiempos que corren sea uno de los conceptos más utilizados y que, sin embargo, aparezca huérfano de explicaciones en ocasiones. En todo caso, el bien común de la filosofía, el bienestar general de la sociología o el interés general del derecho público, conforman la esencia y el fundamento del Estado de Derecho como matriz político-cultural y de la democracia como forma de Gobierno.

Se trata de una tendencia que está animado a muchos teóricos de la ciencia política a postular determinadas correcciones en el modelo democrático que subrayen el papel central de la dignidad humana y la necesidad de abrir mayores espacios para la libre y auténtica participación de las personas en la configuración, seguimiento y evaluación de las principales políticas públicas. Sobre todo porque se percibe que la instalación en las cúpulas de las organizaciones públicas de determinados liderazgos, conduce a una quiebra de los criterios esencialmente democráticos. Tal tendencia a veces se manifiesta en el fomento de una suerte de participación dirigida que sólo admite a las organizaciones sociales previamente seleccionadas por quien ejerce el poder.

En este orden de cuestiones, es menester llamar la atención sobre la necesidad de que el interés general, el interés social, el interés público, el interés colectivo, el interés comunitario o como se le quiera llamar, deje de estar dominado por ese tecnosistema que se encarama en el vértice y desde allí domina y controla sin parar. El interés general en una democracia es participado. Así lo enseñó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984 al afirmar que el interés general, en el Estado social y democrático de derecho, no se puede definir de manera unilateral por los poderes públicos, sino que estos deben abrirse al diálogo con los agentes sociales.

Si queremos profundizar en la democracia debemos superar prejuicios de tiempos pasados y aspirar a que las diferentes organizaciones públicas y sociales puedan escuchar las legítimas aspiraciones de la ciudadanía evitando esos interesados filtros que la tecnocracia intenta colocar. Los tiempos del uso, con ocasión y sin ella, del concepto del interés general como varita mágica o cheque en blanco que todo lo resuelve, ya han pasado. Ahora, si se apela a esta democrática expresión, habrá que empezar a razonar, a justificar o motivar en cada caso y sobre la realidad concreta.

La democracia implica una particular exigencia de pedagogía política. Si así no se hace, la gente se siente decepcionada, frustrada, se aleja de los políticos y, es lógico, empiezan a abrirse a nuevas propuestas en las que el mensaje, más si es demagógico y desafiante, supone algo nuevo en relación con lo viejo y caduco.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo


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