La Constitución, los Estatutos de Autonomía y la jerarquía

Parte del sentimiento independentista catalán que parece haberse despertado en los últimos puede tener su origen en la declaración de inconstitucionalidad y anulación del Estatuto de Autonomía catalán del año 2006 que se produjo por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. El máximo interprete de la Constitución encontró varios preceptos incompatibles con la norma suprema y tuvo que declarar su nulidad por diversos y fundados fundamentos jurídicos.

El revanchismo generado por lo que se consideró una brutal humillación provocó que Cataluña se convirtiera en la única Comunidad Autónoma con un Estatuto alterado por el Tribunal Constitucional. El odio generado todavía perdura contra el Estado, aunque debería sentirse más por aquellos que prometieron y permitieron unas reglas estatutarias para Cataluña que jamás iban a sobrevivir al control de constitucionalidad.

En un diario digital denominado Última hora, se publicó hace varios días un artículo en el que se señala que algunos expertos han indicado que podría ser suficiente una reforma de la Constitución que introdujera una regla por la que ningún Estatuto de Autonomía podrá ser anulado o modificado por el Tribunal Constitucional. Esa afirmación es una burrada que debería servir para acreditar la falta de conocimientos de los presuntos expertos que han hecho la propuesta.


Debe destacarse que los Estatutos de Autonomía, dentro de los términos de la Constitución, son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Lo relevante es que se aprobarán y se modificarán con la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales, sin que sea posible la falta de intervención del Parlamento nacional.

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, fijándose el principio de jerarquía con la Constitución en la cúspide. Este dato se puede deducir de varios preceptos de la norma suprema, pero hay que destacar que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y que, por el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de los preceptos impugnados en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso.

Lo que hay que hacer es impedir la existencia de más transacciones políticas con partidos regionalistas cuyo objeto incluya la aprobación de Estatutos de Autonomía que no encajen en la Constitución. Puede ser complicado lograrlo, pero ya hay un remedio.

El mecanismo para evitar que se repita una situación como la observada con el Estatuto de Cataluña ya existe. El recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo correspondiente, una vez aprobado por las Cortes Generales. Con la finalidad de impedir una ratificación popular de preceptos de un Estatuto que puedan ser contrarias a la Constitución, se establece que, cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.

Con un poco de suerte y de responsabilidad política podrían evitarse, en el futuro, situaciones como la vivida con Cataluña hasta ahora. Sin embargo, no hay que descartar que, por intereses puramente políticos, se vuelvan a cometer atrocidades jurídicas que terminen perjudicando la convivencia en el largo plazo.

Diego Fierro Rodríguez es licenciado en Derecho y abogado de profesión

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