La prensa pone en cuestión a los dirigentes políticos catalanes

¿ADÓNDE VAMOS?

“Independientemente de cómo evalúe cada uno el auto de la Audiencia que dictó prisión incondicional para los dos principales activistas de la revuelta soberanista, hay ciertos principios democráticos a los que todos debemos atenernos. El principal es que la separación de poderes, requisito del Estado de derecho, exige reconocer y respetar la independencia de cada uno de ellos y, por tanto, acatar las resoluciones judiciales”. “El secesionismo debería evitar la falaz construcción de un caso general según el cual estaría perseguido por unos poderes dictatoriales coordinados, que tratarían a Cataluña como un país sojuzgado para reclamar una secesión remedial avalada por la comunidad internacional. ¡Ya basta de esta burda manipulación que tanto está perjudicando la imagen exterior de España!”. “El Gobierno no debe esperar que las decisiones judiciales resuelvan los problemas políticos presentes. Los jueces deciden sobre delitos. Ni pueden ni deben solucionar problemas políticos”. “Sabedores de que el secesionismo propone la ilegalidad, provoca la fuga de empresas y fomenta el caos, ¿adónde quiere conducirnos exactamente el Gobierno? ¿Adónde vamos? ¿Cómo y para qué piensa utilizar el artículo 155 de la Constitución? Señor Rajoy: reclama usted con todo derecho el respaldo que cualquier gobernante democrático merece en circunstancias como las actuales, pero díganos: ¿cuál es su plan? ¿Cómo piensa sacarnos de esta? No se difumine tras cartas e instituciones. Explíquese con detalle y claridad. ¿Cómo, si no, podrá requerir el máximo apoyo de los ciudadanos, indispensable para preservar la democracia?”.

EL PAÍS 12. Editorial

LA VERSIÓN MENOS DAÑINA DEL 155

“El jueves el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos previstos y en un plazo relativamente corto de tiempo deberá llevar al Senado una propuesta de cómo aplicar el artículo 155”. El PSOE “se muestra partidario de acotar al máximo en el tiempo el período de suspensión de la autonomía catalana y orientarlo fundamentalmente a garantizar una convocatoria de elecciones en condiciones y asegurando el cumplimiento estricto de la legalidad. Según los socialistas, la fórmula más adecuada sería la destitución del actual Govern y el nombramiento de algún ministro con funciones meramente administrativas para ejecutar el plan pactado previamente”. También Ciudadanos piensa que las elecciones son la mejor solución. “Faltará finalmente la interpretación del artículo 155 que hagan el mismo Rajoy y también su partido. El presidente del Gobierno ha antepuesto hasta el momento el apoyo del resto de partidos a cualquier otra posibilidad, a pesar de que el PP goza de mayoría absoluta en el Senado, que es donde se debe votar esta iniciativa. El camino, pues, parece más que despejado si Puigdemont no lo evita”.

EL PERIÓDICO 20. Editorial

NO HAY PRESOS POLÍTICOS, SINO POLÍTICOS QUE NO CUMPLEN LA LEY

La reacción del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, diciendo que ‘volvemos a tener presos políticos’ tras el ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, “entra dentro de la lógica de quien desde hace tiempo ha rechazado la legalidad, desprecia el papel de los tribunales, empezando por el Constitucional, y ha dejado entrever que en una Cataluña independiente los jueces estarían bajo control del gobierno”. “La consigna lanzada es que en España hay presos políticos y con ello buscan oxígeno para una causa que desde hace demasiado tiempo está remando contra la democracia, los intereses de España y de Europa”. “No duden los detenidos que estarán amparados por el derecho a la tutela judicial reconocido en el artículo 24 de la Constitución, donde se regulan todas las garantías procesales sin que pueda producirse indefensión, norma que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las garantías que amparan a Sànchez y Cuixart (…) están aseguradas y no corresponde con la tipificación de ‘preso político’. No hablamos de presos políticos, sino de políticos que incumplen impunemente las leyes”.

LA RAZÓN 1, 3. Editorial

EL REFERÉNDUM ILEGAL DE UN PARLAMENT DESPÓTICO

El Tribunal Constitucional declaró ayer por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament. “El fallo es un duro y merecido alegato contra la cámara autonómica y por ende contra la maquinaria de poder totalitaria del independentismo”. “A la contundencia argumental se le suma una extraordinaria nitidez en la exposición de motivos contra un proyecto subversivo”. “El auto deja constancia de una monumental farsa jurídica, pero trasluce también la amenaza que la democracia española tendrá que afrontar”.

LA RAZÓN 3. Editorial

ADA COLAU ES YA SÓLO LA ALCALDESA DE LOS INDEPENDENTISTAS

“Tras su calculado abrazo al independentismo, Colau ha abandonado la ambigüedad para parapetarse en una insolvente defensa del ‘diálogo’ con dirigentes golpistas que han socavado la ley de forma flagrante. La izquierda radical representa ya una suerte de nacional populismo que no tiene reparos no sólo en auxiliar a los secesionistas sino en actuar de ariete agitando todas las falacias de su argumentario victimista. Colau ha dejado de ser la alcaldesa de todos los barceloneses para convertirse en un brazo del separatismo”.

EL MUNDO 3. Editorial

CÓMPLICES DEL SEPARATISMO

“El carácter anticonstitucional del proceso separatista es un polo de atracción para la extrema izquierda, que confluye con los independentistas en el propósito común de reventar la Constitución de 1978 y, con ella, el consenso de la Transición y la concordia nacional. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es el exponente más claro de esta identificación de objetivos, quizá no tanto en medios, sobre la que se asienta esta coalición de oportunistas contra la democracia española”. También hubo ayer algunos dirigentes socialistas que criticaron por desproporcionado el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. “La responsabilidad de Pedro Sánchez no se limita sólo a prestar su respaldo a la acción del Gobierno de Mariano Rajoy, sino también a liderar una izquierda -más allá del PSOE- leal a la Constitución y a la aplicación de la ley”. “Colau, Podemos y demás compañía puede que anhelaran una España blandita y temerosa ante la embestida separatista, pero se han equivocado de nación, de Estado y de Rey”.

ABC 4. Editorial

LA DEGRADACIÓN DE LA ECONOMÍA YA ES UN HECHO

“El severo perjuicio que el Govern está causando a Cataluña podría justificar por sí solo la aplicación del artículo 155. Urge restablecer el orden constitucional antes de que la factura del golpe separatista desborde a una economía que, aunque crece con vigor, todavía no ha superado del todo la crisis”. La desbandada de empresas y bancos que se ha producido en Cataluña “revela la gravedad de lo que está ocurriendo”. “Sin embargo, no nos debemos llevar a engaño, el resto de España también va a sufrir un daño económico importante. Así lo ha reconocido ya el Gobierno en el plan presupuestario que ha enviado esta semana a Bruselas”. “Cataluña representa cerca del 20% del PIB español. Para evitar que el independentismo termine de resquebrajar su tejido empresarial e industrial es imperativo que el Govern vuelva a la legalidad. Sin seguridad jurídica no hay empresas, ni prosperidad. Una democracia no puede permitir que un grupo antisistema tome como rehenes a los empresarios y ciudadanos. El Estado debe restablecer el orden legal en Cataluña cuanto antes porque cuanto más se demore, más alto será el coste del procés para todos”.

EL MUNDO 3. Editorial

PREOCUPANTES DATOS ECONÓMICOS

“El proceso está teniendo efectos degradantes para la economía del país. Las autoridades catalanas los minimizan. Pero ahí están. Sus efectos alcanzarán las economías familiares, también las de quienes ahora no quieren verlos. Ya han congelado la inversión extranjera. Ya han rebajado el consumo interior. Nos empobrecerán a todos, sin distinción de ideología ni prioridades políticas. Cuesta entender que quienes dicen querer crear un país nuevo y mejor estén propiciando el desgarro y la huida de su tejido económico. La independencia es un anhelo legítimo, que se ha labrado apoyos importantes, que goza de una mayoría parlamentaria, aunque no social. Aún así, la preservación y la consolidación del bienestar colectivo deberían primar en la lista de deberes de nuestros gobernantes. No ocurre tal cosa”. “Es responsabilidad del político ayudar a construir un futuro mejor. ¿Cómo lograrlo cuando esa construcción empieza ahuyentando la riqueza propia?”.

LA VANGUARDIA 22. Editorial

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