Jugando con fuego

 

Si no fuera porque se trata de un tema que no admite la mínima broma, bien podría decirse que el Gobierno ha formulado al todavía presidente de la Generalidad catalana la elemental pregunta del millón: ¿ha declarado usted sí o no la independencia de Cataluña? Es lo que todos quisiéramos  conocer o al menos tener más claro.

Porque –la verdad- no sólo el común de los mortales, sino también  acreditados  expertos no saben mucho a qué atenerse habida cuenta de la frontera  entre lo jurídico y lo político por la que transitaron el martes el señor  Puigdemont y el bloque soberanista del Parlamento autonómico; el primero con su discurso y propuesta de aplazamiento temporal, y el segundo, con un documento cuyo contenido mete casi más miedo que la propia independencia.  No obstante, digo yo que si se pide suspender unos efectos, es porque la causa de los mismos existía y –que se sepa- permanece.

El balance de la jornada  defraudó profundamente a sus seguidores. Hablan de traición. Veremos si no terminan rebelándose también contra quienes los han sacado a la calle. El Gobierno, con todo, ha puesto en marcha el mecanismo constitucional para la probable aplicación del célebre y polémico artículo 155 de la Constitución y está a la espera de la eventual contestación del presidente catalán para seguir adelante con el procedimiento si es que así corresponde, como muy probablemente va a suceder.

Claro, que mientras la ley de Seguridad Nacional y la orgánica de los Estados de alarma, excepción y sitio que en su momento también se manejaron regulan con cierto detalle las medidas que el Gobierno puede adoptar para superar las situaciones de crisis, no sucede igual con el 155, que se refiere a “las medidas necesarias” para obligar a una comunidad al “cumplimiento forzoso de sus obligaciones”.

Pero no las detalla, de tal forma que los constitucionalistas discrepan si esas medidas sólo pueden ser instrucciones que se les dan a las autoridades regionales o si incluyen también la suspensión del presidente de la comunidad y la convocatoria de elecciones autonómicas. La falta de precedentes y la trascendencia de la medida hacen todo ello bastante complejo. Vistas, sin embargo, cómo están las cosas, da toda la impresión de que no se van a librar de la intervención. Siguen rebeldes y engrosando día tras día el catálogo de despropósitos.

No sé si creen que el infantil e irresponsable juego del ratón y el gato  que están practicando les va a servir de algo. Pero es que, además, no habrán de olvidar las consecuencias penales de sus actuaciones. Si los 72  diputados firmantes del manifiesto hacen que  tenga consecuencias efectivas, estarían incurriendo en  un delito de sedición. Sea como fuere, lo que no entenderá la opinión pública es que al menos los principales inspiradores del golpe no pasen antes o después por el trullo. ¡Y Abel Caballero sale con la pata de banco de que siguen siendo interlocutores válidos!

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