Toca aplicar el artículo 155


El artículo 155 de la Constitución Española establece que “
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Esta regla, que recoge lo que se conoce como coerción estatal, es muy llamativa por su contenido y por su naturaleza, pues sirve para que el Estado pueda limitar las facultades de autogobierno de una Comunidad Autónoma en la que se estén incumpliendo obligaciones fijadas por el ordenamiento jurídico.

Puede decirse sin ningún matiz que la situación política de Cataluña, especialmente alterada tras la chapucera celebración del referéndum del día 1 de octubre, ha servido para que todos los ciudadanos puedan llegar a conocer el artículo 155 de la Constitución. Se está hablando mucho sobre ese precepto, pero, desgraciadamente, no se ha pensado realmente en su aplicación, aunque las condiciones para su utilización son óptimas desde hace varios meses por las circunstancias actuales.

El principal inconveniente para la aplicación del artículo 155 de la Constitución parece ser puramente política. El Gobierno de Mariano Rajoy no está dispuesto a impulsar la aplicación del precepto sin contar con el apoyo pleno del PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, está más pendiente de la pesca de votos de Unidos Podemos que de garantizar el respeto al ordenamiento y el impulso de un verdadero diálogo con el Gobierno estatal. Sin embargo, el discurso de Felipe VI puede terminar sirviendo para darle fuerza a la idea de aplicar la coerción estatal.

Con la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y la exposición de la planificación sobre la declaración unilateral de independencia, solo quedan dos opciones frente al Gobierno de Cataluña. Se puede dialogar, lo cual parece ya imposible, o se pueden comenzar a aplicar los mecanismos constitucionales y legales establecidos en el ordenamiento jurídico, que deben ser utilizados sin temor, en la medida en que fueron creados para su aprovechamiento cuando fuera necesario.

Diego Fierro Rodríguez es licenciado en Derecho y abogado de profesión

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