Sensibilidad social


Más allá del pensamiento ideológico, bipolar, la crisis actual a los actores políticos y sociales a nuevas formas de ejercicio de la política más humanas, más centradas en los problemas reales de los ciudadanos. Políticas definidas por  la mentalidad abierta,  la capacidad de entendimiento y la sensibilidad social. Políticas que se asienten sobre la realidad contando efectivamente con la participación social y que se expresen desde la racionalidad y la transparencia. Políticas que aspiran a que la dignidad del ser humano deje de ser una doctrina filosófica y se convierta en un principio pleno de eficacia real.

En efecto, la sensibilidad social, la actitud solidaria, deriva del principio de la centralidad de la persona también en política. Perspectiva que permite conducir  la proa de la nave política a la búsqueda las soluciones reales a las cuestiones colectivas y a orientar las decisiones en los ámbitos de la cooperación, de la convivencia, de la integración y de la confluencia de intereses. En este contexto, la persona y su dignidad son la clave y la guía que  conduce a la gran tarea de democratizar la democracia, algo necesario y urgente en este momento.

La sensibilidad social implica colocar con todas sus consecuencias a las personas en el centro del orden social, político y económico. Cuándo ello así acontece, la acción política se dirige de manera comprometida a prestar servicios reales al pueblo, a atender los intereses generales reales, a escuchar de verdad a la ciudadanía. Ello implica necesariamente el entendimiento con los diferentes interlocutores para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Ahora bien, esas prestaciones, esos servicios no son un fin sino un medio para alcanzar mayores cotas de bienestar general e integral para el pueblo. Son un medio para la mejora de las condiciones de ejercicio de la libertad solidaria de las personas, no son un sistema de captación de voluntades. En este punto veremos si efectivamente los nuevos movimiento son capaces de resistir la tentación del uso clientelar del poder y su acción se dirige, sin excepción, a favor de quienes más precisan protección social, sea cual sea su filiación ideológica o política. Por ahora, no parece que tal finalidad distinga la acción de gobierno de gobiernos de esta tendencia política.

Las prestaciones sociales, las atenciones sanitarias, las políticas educativas, las actuaciones de promoción del empleo, son bienes de carácter básico que un gobierno debe poner entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que la sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana. Veremos si los nuevos movimientos son capaces de apostar por una sociedad fuerte, libre de ataduras o corsés o si, como algunos apuntan, mantienen  los prejuicios de la vieja política. Lo importante no es quien presta los servicios, sino que estos sean de calidad, que mejoren las condiciones de vida de las personas.

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo


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