Llenar las calles


Broncas y caóticas jornadas en las que se impuso de forma atropellada, chapucera e ilegal tanto la convocatoria del referéndum del 1 de octubre como la aprobación de la llamada ley de desconexión con España (“de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana”). Espectáculo democráticamente deplorable, bochornoso y vergonzante; esperpéntico y lamentable; ridículo.

Éstos no son más que un ramillete de la tormenta de epítetos y calificativos peyorativos que desde el sistema mediático y buena parte del debate político han caído sobre las sesiones del Parlamento de Cataluña que días atrás dieron paso por aplastamiento a la más importante crisis institucional vivida en este país desde el también chapucero y deplorable 23-F.

Mucho, en efecto, de escandaloso y de autoritario han tenido. Y no sólo contempladas desde observatorios madrileños, sino incluso desde la propia órbita regional catalana. En este sentido, un periódico de notable implantación en aquella comunidad y nada sospechoso de recelos frente al nacionalismo ayer y hoy gobernantes, cuestionaba en su ajustado editorial –con comienzo en primera página- que un programa de ruptura de tal alcance hubiera sido impuesto sin una inequívoca mayoría social; sin apenas margen para la deliberación y la enmienda; por mayoría simple y mediante un trámite exprés, a pesar de que en la práctica cancelaba nada menos que el estatuto de autonomía.

Ese no es el camino, concluía. Hay un gran enfado y descontento en la sociedad. Los acontecimientos vividos en el Parlament -escribía- dañan la institucionalidad catalana, dejan a la intemperie a la mitad de la sociedad, debilitan la causa de Cataluña en los debates públicos, empeñan la imagen del país y hasta debilitan al propio independentismo.

Con todo, el recorrido práctico de los acuerdos adoptados será corto, por no decir nulo, habida cuenta de las iniciativas presentadas por el Gobierno central ante el TC y a las que éste ha respondido en positivo y con rapidez. Otra cosa serán las querellas –vía penal- de la Fiscalía general del Estado, cuyo proceder es mucho más lento. Por poner un ejemplo: aún quedan pendientes de cerrar flecos de la consulta secesionista de va a hacer tres años.

Así las cosas y a la vista del proceder sin límites de los independentistas, lo que comenzó como conflicto político y ha continuado como judicial, bien puede derivar en altercado de orden público. Ya lo ha advertido el propio Puigdemont: “Llenaremos las calles”. Entre otros, lo teme así también el exministro Josep Piqué: “A corto plazo –ha dicho- lo que me preocupa es la llamada a la movilización callejera de los independentistas porque eso sabemos cómo empieza pero no cómo acaba. Lamentablemente no es descartable la violencia en las calles”. En concreto, se refería a los kamiseteros de la CUP, que con sólo diez diputados y 337.000 votos controlan allí la agenda política y que tan bien saben pescar en río revuelto.


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