La Fiscalía cita a los alcaldes que apoyan el referéndum bajo advertencia de detención

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cursó ayer una orden a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los más de 700 alcaldes que han manifestado su voluntad de ceder los espacios municipales para celebrar el referéndum independentista del 1-O. En caso de que los regidores se nieguen a comparecer, Maza ha dado instrucciones de que sean detenidos. En el oficio, Maza pide que se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum. El oficio recuerda que cualquier conducta de las “autoridades” que facilite el 1-O puede ser constitutiva de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Además, las fiscalías provinciales de Cataluña han ordenado a las policías locales de los ayuntamientos que investiguen cualquier actuación encaminada a “organizar el referéndum ilegal” y que intervengan “las urnas, sobres electorales y otros elementos destinados a preparar la consulta”.

De momento, la CUP ha anunciado que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados y ha emplazado al resto de fuerzas políticas a hacer lo mismo. PDECAt y ERC informaron de que sí acudirán a la llamada de la justicia. La AMI ha recomendado a los alcaldes que acudan a declarar para defender el referéndum. Al tiempo, ha convocado una concentración de repulsa a la actuación de la Fiscalía el próximo sábado al mediodía en la plaza de Sant Jaume. PDECat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu han registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Maza, para que explique su decisión.

Por otro lado, ABC informa de que el Gobierno ha enviado dos nuevas cartas a los secretarios e interventores de los 947 ayuntamientos de Cataluña en las que notifica las advertencias de la Fiscalía sobre las consecuencias penales que tendría cualquier acto dirigido a celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, y hace un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa electoral el 1-O que no acudan, porque sería “un acto absolutamente ilegal”.

Por otra parte, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsati, destituyó ayer al presidente del consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluis Baulenas, y asumió sus funciones. Paralelamente, comunicó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que a partir de ahora asume la presidencia del ente que gestiona las escuelas e institutos públicos de Barcelona, participado al 60% por el Govern y al 40% por el Ayuntamiento. “Me dijo que lo hacía por motivos obvios”, reveló Colau.


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