El Constitucional fija multas a altos cargos de la Generalitat organizadores del referéndum

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha acordado imponer a los titulares de los órganos responsables de la Administración Electoral del Gobierno de Cataluña, Josep Maria Jové y Lladó y Montserrat Vidal i Roca, multas coercitivas de 12.000€ y 6.000€, respectivamente, con el fin de que cumplan los requerimientos y mandatos contenidos en las providencias dictadas los pasados días 7 y 12 de septiembre y suspendan el referéndum. Las multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que “justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto”.

Las multas -cuya finalidad no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones-, sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente resolución. La resolución cuenta con el voto concurrente (acorde con el fallo y distinto en la argumentación) de los Magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

Por último, el Pleno ha acordado poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste proceda, “en su caso, a exigir la responsabilidad penal” a Jové i Lladó, secretario general del Departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, y a Vidal i Roca, jefa del Área de Procesos electorales y Consultas Populares..

El Pleno adopta la decisión sobre las multas de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que faculta al Tribunal a imponer medidas coercitivas sin oír a las partes cuando el incumplimiento afecta a la suspensión cautelar de las normas o actos impugnados y concurren “circunstancias de especial trascendencia constitucional”. El precepto añade que dicha audiencia, al fiscal y a las partes, se acordará en la misma resolución en la que se deciden las medidas coercitivas.

En consecuencia, el Pleno concede al fiscal y a los dos afectados un plazo común de tres días para que informen. Recibidas las alegaciones, dictará una resolución “levantando, confirmando o modificando las multas diarias previamente adoptadas”.

 


© 2011 Galega de Comunicación e Información, S.L.U. - Aviso legal - Contacto