Trapero percibe «riesgos» para el orden público

 

En una reunión de coordinación policial en la Fiscalía, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se comprometió a cumplir la orden del Ministerio Público de impedir el referéndum, pero precisó que lo hará bajo los principios de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia» para evitar desórdenes públicos. En una carta que presentó ante el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, Trapero advierte de que aplicar de forma «estricta» la orden de precintar los locales podría acarrear consecuencias «no deseadas» porque obligaría a suspender la actividad en servicios «esenciales» como hospitales, ambulatorios y geriátricos.

En este sentido, la magistrada del TSJC Mercedes Armas indicó que si las votaciones se prevén en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, sólo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.

Por su parte, el conseller de Interior, Joaquim Forn, consideró que precintar los puntos de votación es un «enorme error». Forn opinó que la Fiscalía se excede en sus competencias y tachó de «aberración» que decida los dispositivos policiales para el 1-O. Resaltó que los Mossos consideran que la medida puede comportar «altercados y tensiones», y que la decisión se está viviendo con mucha preocupación y malestar. Sobre el 1 de octubre, insistió en que desde el Govern se pondrá «a disposición de todos los ciudadanos de Cataluña» los medios para que la gente pueda votar.

En este sentido, el conseller de Salud, Antoni Comin, destituyó ayer a los representantes del Govern en los consorcios y entidades públicas sanitarias de Cataluña y asumió su presidencia para «dar máxima seguridad jurídica» a los trabajadores de los 80 centros previstos por el Govern como puntos de votación.

Entretanto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para hoy a la Junta de Seguridad de Cataluña. La convocatoria llegó después de que el TSJC rechazara un recurso del Govern que pedía suspender la orden de que el coronel de la guardia Civil Diego Pérez de los Cobos asumiese la coordinación de los tres cuerpos policiales. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, encabezará la delegación del Gobierno, según confirmó anoche el Ministerio del Interior.

El Gobierno ha trasladado a las autoridades de varios países europeos su preocupación ante la eventual llegada a Cataluña de activistas radicales que puedan causar disturbios con motivo del referéndum del 1-O.

Por otro lado, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó ayer investigar la denuncia por sedición que la Fiscalía presentó por los incidentes ocurridos la semana pasada frente al Departamento de Economía de Barcelona, donde los manifestantes dejaron atrapada a la comitiva judicial encargada del registro de las dependencias del Govern por los preparativos del 1-O.

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