Extorsión al Estado desde Cataluña


Generalmente, se define la extorsión diciendo que es aquel acto de presión que se ejerce sobre alguien, con el empleo de amenazas, para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. El Código Penal español castiga esa conducta en su artículo 243. Este precepto indica que, el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

El Estado español lleva unos años sufriendo conductas propias de la extorsión desde la Generalitat de Cataluña. Los dirigentes de esa Comunidad Autónoma no se han cansado de utilizar el independentismo como instrumento para producir el miedo con el que conseguir más ingresos de liquidez abonados por el Gobierno.

La Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Esas reglas importan poco a los dirigentes e Cataluña, que desean tener más dinero para seguir financiando la implantación de redes administrativas inconstitucionales cuestionables, como las que están relacionadas con las “embajadas catalanas”.

No hay dudas sobre la lamentable realidad actual, a la que se ha llegado con la intervención de sucesivos presidentes del Gobierno que han estado, durante décadas, alimentando una bestia que ahora parece insaciable. Este hecho se puede comprobar atendiendo a la celebración del referéndum catalán del día 1 de octubre, que está generando tensión entre los ciudadanos, cuya convivencia debería regirse por una absoluta tolerancia.

El Gobierno ha ofrecido más dinero para Cataluña. A cambio, se pide que no se celebre la votación del día 1 de octubre y que se cese con la promoción del independentismo. El problema es que puede ser ya demasiado tarde para seguir ofreciendo cantidades de dinero que van a resultar siempre insuficientes para los independentistas, que además se encuentran acorralados en general por la actuación de juzgados y tribunales que están investigando importantes tramas de corrupción posiblemente existentes desde hace varias décadas.

El Gobierno español está sufriendo las circunstancias que se han producido por su falta de diligencia en el pasado. Se permitió una serie de caprichos a Cataluña y sus dirigentes quieren más dinero público para arrojarlo al agujero negro de corrupción, que puede ser parecido pero mayor que el del Estado.

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