Prensa nacional: reflexiones a 3 días de la convocatoria independentista

LOS MOSSOS SON ESTADO

«A medida que se acerca el 1-O aumentan las incógnitas sobre la actuación de los Mossos ante el referéndum ilegal de independencia convocado por la Generalitat. ¿Serán leales, como es su obligación, al ordenamiento constitucional y estatutario? ¿O secundarán, aunque sea pasivamente, el golpe rupturista que propician sus mandos políticos?». «Lo que es de todo punto inaceptable y muestra de la absurda situación a la que hemos llegado, es que el mismo Govern que rompe la ley y se niega a acatar las órdenes del Tribunal Constitucional, pretenda coordinar el dispositivo policial destinado a, por órdenes de la Fiscalía y los jueces que este ignora, prevenir su realización. Es por ello que el razonamiento del mando corporativo de los Mossos, que se escuda en valoraciones supuestamente técnicas sobre el orden público, resulta insostenible». «Ante un desafío de tal calibre al ordenamiento constitucional como el que vivimos en este momento, no son aceptables estratagemas dilatorias o exculpatorias como las que está poniendo en marcha el Govern. Los Mossos, como los demás cuerpos, son Estado, y están y deben estar inequívocamente sometidos al poder judicial».

EL PAÍS 12. Editorial

LA AMBIGÜEDAD DE TRAPERO PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD

«El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, continúa jugando al despiste, prestándose así a actuar de correa de transmisión de la deslealtad de sus jefes políticos en la Generalitat». Trapero alertó que precintar los más de 2.000 colegios electorales afectaría a servicios públicos como ambulatorios de salud o residencias geriátricas. El mayor de los Mossos «debe abandonar la tentación de recurrir a subterfugios para no cumplir de manera diligente con el mandato judicial». «La Generalitat ya está tardando en renunciar al uso del cuerpo autonómico de policía como arma arrojadiza». «El independentismo ha vulnerado el orden legítimo para sustituirlo por otro sin respetar la legalidad. El Estado de derecho tiene la legitimidad para defenderse de quienes intentan quebrantarlo. Y aunque el uso de la fuerza nunca es deseable, la coacción legítima en la defensa de la democracia corresponde al Estado. En este contexto de abierto desafío, la política debe esperar a la aplicación de la ley. La felonía insurreccional de la Generalitat resulta incompatible con abrir cualquier vía de negociación, por muchos llamamientos que se hagan al diálogo, tal y como ayer hizo la Conferencia Episcopal».

EL MUNDO 3. Editorial

LISTAS NEGRAS Y NAZISMO EN CATALUÑA

«No es fácil el papel del Gobierno, y sin embargo es tal la gravedad del desafío que lo único relevante es impedir a toda costa la celebración del referéndum con el menor coste posible en términos de seguridad pública. Desde esta perspectiva, el separatismo está ofreciendo suficientes indicios de que el uso de la fuerza con la ley en la mano será indispensable para evitar seguros conatos de sedición». «El Estado tendrá que impedir sin miramientos el golpe diseñado por la Generalitat». «Ni el Gobierno ni la Justicia pueden bajar la guardia ante la desleal rebeldía del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que ayer replicó a la Fiscalía que precintar colegios causará desórdenes públicos evitables. Tampoco pueden bajarla con la absurda provocación de Puigdemont de convocar unilateralmente a la Junta de Seguridad sin contar con Interior. Ni con los casos de colegios que utilizan a menores como escudos del odio en las concentraciones separatistas. El Estado no puede dejar pasar estas maniobras ni siquiera con el argumento de rebajar la tensión». «Por eso es una buena noticia que la Audiencia Nacional investigue las agresiones a la Guardia Civil como sedición. Por el contrario, que la alcaldesa de Madrid se niegue a apoyar a los ediles amenazados es la lamentable evidencia de qué concepto tiene Podemos de España y de la democracia».

ABC 4. Editorial

 LA UNIDAD DE ESPAÑA, BIEN DE LOS ESPAÑOLES

La Conferencia Episcopal emitió ayer una declaración en la que insta al diálogo como ‘la verdadera solución del conflicto’ en Cataluña, y pide que las autoridades públicas, partidos y organizaciones ‘eviten decisiones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúen al margen de la práctica democrática’. «El manifiesto separatista de 300 curas catalanes merece una desautorización explícita de la jerarquía católica. El diálogo como solución de un conflicto no puede sustentarse en un juicio de neutralidad sobre quién es el agresor y quién la víctima, porque entonces falta la premisa fundamental de la verdad».

ABC 4. Editorial

PROTEGER LA PAZ SOCIAL

«La escena de los Mossos intentando precintar un centro de enseñanza ocupado por profesores y padres es potencialmente explosiva». «Urge como nunca redoblar el llamamiento a la responsabilidad de nuestros representantes. La reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya convocada para hoy por Carles Puigdemont es el único foro conjunto entre administraciones que queda y tal vez la última oportunidad de imponer sentido común. Hay que exigir a los implicados que dejen atrás querellas competenciales y acusaciones estériles de incitar a la violencia y acuerden una forma de reducir la tensión. No hay lugar para pirómanos de labia incendiaria. Tan solo cabe proteger el tesoro de la convivencia de la sociedad catalana hoy amenazado por tanta irresponsabilidad».

EL PERIÓDICO 12. Editorial

UNIDAD NECESARIA ANTE EL 155

«La actitud empecinada del presidente de la Generalitat «no permite, a día de hoy, albergar muchas expectativas sobre la deseable vuelta a la racionalidad de los representantes de las instituciones catalanas, pese a los llamamientos reiterados que se le hacen desde todos los ámbitos para que rectifiquen y se avengan al respeto de los principios democráticos». Ayer mismo, la Conferencia Episcopal emitió una nota en la que «subyace la denuncia de que el golpe antidemocrático puesto en marcha por el Gobierno de Puigdemont puede dañar irreversiblemente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas». Estamos en el marco de un Estado de derecho consolidado que «dispone de los instrumentos constitucionales suficientes para conjurar cualquier ataque a su sistema de libertades». «La apelación al 155 ha dejado de ser una lejana hipótesis no deseada para convertirse en una opción probable que no sólo es responsabilidad del Gobierno, sino de todos los partidos comprometidos con la defensa de la democracia». «La aplicación del artículo 155 (…) es la última ratio, pero está ahí para parar a los golpistas».

LA RAZÓN 3. Editorial

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