El Gobierno envía refuerzos policiales a Cataluña para «mantener el orden»

El Gobierno ha decidido enviar refuerzos policiales a Cataluña para garantizar la ley y el orden ante las «movilizaciones tumultuarias» que se están registrando en los últimos días. Esta decisión ha sido comunicada por carta por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al conseller de este departamento de la Generalitat, Joaquim Forn. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, justificó esta «medida excepcional» en la necesidad de reforzar la tarea de los Mossos d’Esquadra.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, acusó al Gobierno de pretender «intervenir» los Mossos d’Esquadra. Así lo reflejó en varios mensajes en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que no necesitan la ayuda del Ministerio del Interior para ejercer sus «competencias».

LA VANGUARDIA destaca en su titular de apertura que «el fiscal quiere a los Mossos bajo el control del Gobierno». Según este diario, en una reunión de mandos policiales el pasado jueves «un alto representante del Ministerio del Interior propuso tomar la tutela de los Mossos». El diario añade que el major de los Mossos, Josep Luis Trapero, «se negó y pidió al fiscal superior de Catalunya que se le diera la instrucción por escrito».

Por otro lado, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ha ordenado a la Guardia Civil el cierre de la web con los puntos de votación del 1 de octubre que difundió el jueves por Twitter el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un auto, la magistrada ordena a la policía judicial inhabilitar dicha web, dado que considera que no solo «no acata las suspensiones» del referéndum dictadas por el Constitucional, sino que además «facilita información que permite» su celebración.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, interpuso ayer una denuncia ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por utilizar sus datos «de forma totalmente fraudulenta».

Mientras, la Delegación del Gobierno en Cataluña, comunicó ayer a los directores de todos los institutos de secundaria que si autorizan, de forma «incluso tácita», la celebración de «actos ilegales convocados por la Generalitat el 1-O» pueden caer en «responsabilidades penales». En una misiva, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advierte a los directores de los institutos que entre estas actuaciones se encuentra el «poner a disposición de autoridades o terceros las llaves o códigos de acceso a los locales».

Por su parte, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsati, replicó que los directores de los institutos no tendrán que entregar ningunas llaves y que «no tienen ningún rol ni ninguna responsabilidad» en la organización del 1-O.

EL PAÍS apunta que ante la falta de locales, el Govern pretende recurrir a cerca de 80 centros de atención sanitaria primaria como lugares de votación. Por su parte, ABC destaca que «la CUP utiliza a los menores en la calle y los institutos premian a los alumnos que se movilicen a favor del referéndum ilegal».

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar