La prensa nacional, contra la manipulación de los menores en Cataluña

1-O Y LA MANIPULACIÓN DE LOS MENORES

La reacción del nacionalismo catalán a las decisiones de los tribunales de Justicia «está revelando el sesgo totalitario de sus dirigentes y de sus objetivos». Promueven una Cataluña «depurada de ‘traidores’ y cargan contra los catalanes que se sienten españoles, acosan las sedes judiciales e intimidan a los medios de comunicación». La pasividad de los Mossos ante el acoso salvaje de una turba separatista o el boicot de los estibadores a la operatividad de los barcos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «son oportunidades que tiene el Gobierno para demostrar que ninguna ilegalidad quedará sin respuesta». El nacionalismo separatista «ha elegido otro episodio para mostrar su rostro más totalitario, el de la utilización de menores de edad, empujados a incumplir el horario escolar para participar en las manifestaciones callejeras». El Gobierno, a través de la Alta Inspección del Estado, debe intervenir en los centros que han incumplido la normativa sobre escolarización y depurar las responsabilidades. La campaña secesionista del 1-O «es el resultado de un statu quohistórico que debe cambiar y no renovarse a partir del día siguiente con ofertas de diálogo y de propuestas de reforma constitucional que sólo supondrían beneficiar al agresor y dejar sin razones a quienes lealmente están defendiendo la Constitución». El 1-O «no es la fecha de caducidad de todos los errores cometidos con la claudicación constitucional del Estado en Cataluña, sino la prueba fehaciente de que hay que corregirlos para dar prioridad a la convivencia, la unidad y la Constitución.

ABC 4. Editorial

BLOQUEADO EL 1-O POLÍTICA E INSTITUCIONALMENTE, AL INDEPENDENTISMO SÓLO LE RESTA AVIVAR LA PRESIÓN SOCIAL

Puigdemont y Junqueras «continúan maniobrando para poder perpetrar el referéndum». El Govern «se ha instalado por completo en la irresponsabilidad». «¿Puede la Generalitat celebrar una consulta si la propia Generalitat renuncia a disponer de una Junta Electoral?» Este despropósito es aún mayor teniendo en cuenta la incautación de material para la votación practicada esta semana, lo que hace materialmente imposible la logística de la votación. «Bloqueado el 1-O política e institucionalmente, al independentismo sólo le resta avivar la presión social». De ahí la llamada a la agitación del brazo callejero de Puigdemont y «las escandalosas e impúdicas muestras de adhesión al independentismo – bajo el subterfugio de una épica lucha por los derechos civiles – desde la universidad o la escuela pública». La «atroz manipulación del tejido social y de parte de la opinión pública internacional en la que se apoya el secesionismo lleva a escenas preocupantes – como la movilización de menores envueltos con la estelada – o a presumir del pago de las nóminas de los funcionarios por parte del Govern cuando en realidad se debe a un anticipo de Hacienda». La Generalitat «se encuentra cercada por su incompetencia y deslealtad». Renunciar a un referéndum suspendido por el TC y cuyo fin es trocear la soberanía nacional, y regresar a la senda de la ley «son dos exigencias ineludibles». Primero para evitar que un conflicto de índole política degenere en desórdenes públicos. Y segundo, para recomponer las relaciones institucionales dentro del marco constitucional.

EL MUNDO 3. Editorial

EL PAPEL DE BARCELONA EL 1-O

La inclusión de centros cívicos municipales en la lista de puntos de votación «contraviene la advertencia del secretario del Ayuntamiento y puede comprometer legalmente a la alcaldesa Colau». Esta circunstancia también puede suponer un revés al pacto que el partido de Colau mantiene con el PSC. La alcaldesa Colau «debería detallar qué comporta para el Ayuntamiento el acuerdo que cerró con Puigdemont la semana pasada y aclarar a los barceloneses el papel que desempeñará su Ayuntamiento en el referéndum independentista». A medida que se acerca el 1- O, la posición equidistante que los comunes quieren adoptar es más difícil de sostener. «Llega la hora de adoptar una actitud clara y asumir las consecuencias».

LA VANGUARDIA 28. Editorial

LA MAYORÍA PARLAMENTARIA QUE SUSTENTA A PUIGDEMONT DEBERÍA MODERAR SUS GESTICULACIONES

La proporcionalidad de las medidas finalmente declaradas contra los 14 arrestados el miércoles, que ayer quedaron en libertad con cargos, «no evita cuestionar algunos procedimientos, como llevarlos a declarar esposados cuando no se les conoce ni atribuye antecedente alguno de conducta violenta». Por su parte, la mayoría parlamentaria que sustenta a Puigdemont «debería moderar sus gesticulaciones». Hablar de represión para explicar la respuesta del Estado de derecho a lo que ellos mismos han llamado desobediencia «resulta cuanto menos paradójico». Cometer un delito a sabiendas puede ser una estrategia política «pero nadie puede esperar que no le persigan por ello». Otra cosa es que desde el Estado «sea exigible también una reflexión sobre las formas». La presión social no puede alterar el trabajo de jueces, fiscales y policías pero tan importante como cumplir con su misión es hacerlo de manera que no se ponga en juego el apoyo de los ciudadanos.

EL PERIÓDICO 14. Editorial

LA JUSTICIA PONE COTO A LA SEDICIÓN

El espectáculo de los vehículos de la Guardia Civil vandalizados, mientras los agentes de la Guardia Civil se veían confinados en el edificio, o el de unos policías nacionales obligados a abrirse paso con disparos al aire «muestra hasta qué punto ha llegado el juego suicida de los dirigentes de la Generalitat, dispuestos a trasladar a las calles su rebelión institucional pero también la ausencia de percepción de la realidad de quienes, como algunos educadores, con desprecio de sus obligaciones ciudadanas y profesionales, parecen convencidos de que el Estado tolerará la ruptura de muestro ordenamiento constitucional». Todavía están a tiempo de rectificar y tratar de devolver a la sociedad catalana lo que es suyo.

LA RAZÓN 3. Editorial

PODEMOS, CÓMPLICE

«Haciendo gala de su nulo sentido de Estado y exhibiendo una vez más su afán de desgastar la democracia, Pablo Iglesias irrumpe ahora con una iniciativa que pretende debilitar el Estado de derecho». La convocatoria de una asamblea extraordinaria de parlamentarios y alcaldes para denunciar «la deriva represiva del PP» no sólo confunde el sujeto y el objeto de la acción política, sino también su papel como partido en un Parlamento democrático». Hay algo evidente en las intenciones de Podemos, como en los partidos de extrema izquierda que utilizan las instituciones en las que han logrado representación para desequilibrarlas: deslegitimar al Gobierno, subirse al carro del descontento independentista para obtener los réditos que no logró con la moción de censura, ampliar su acción con ruido mediático y callejero y canibalizar parte de los apoyos del PSOE». Sus declaraciones sobre la existencia de presos políticos en España y su movilización contra la acción judicial «le coloca fuera del consenso constitucional y no en la equidistancia de la que intentaba presumir».

EL PAÍS 14. Editorial

EL PNV PECA DE DESLEALTAD Y OPORTUNISMO

Los nacionalistas vascos «se están aprovechando de la afrenta independentista en Cataluña para sacar un mayor rédito de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018, sin importar los compromisos adquiridos ni la defensa de la estabilidad institucional o el interés general». El partido de Urkullu «ha visto que el problema catalán le puede servir de excusa para rascar más dinero y, sobre todo, lograr la cesión de nuevas competencias a cuenta de esta negociación, lo cual constituye una absoluta deslealtad».

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