El Ministerio de Hacienda controlará las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat

Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat con el fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum del 1 de octubre. Técnicos del Ministerio se han reunido con representantes de los bancos para informarles del mecanismo de control de los pagos en Cataluña, después de que el Gobierno asumiera el control de los gastos esenciales de la Generalitat por su negativa a remitir un informe semanal sobre el destino de sus recursos.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Generalitat información sobre sus 170.000 funcionarios para poder asumir el pago de las próximas nóminas, según el plan del Gobierno para controlar las cuentas catalanas y evitar que el referéndum del 1-O se financie con dinero público.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, acusó al Gobierno de buscar el colapso de todas las administraciones, algo que, a su parecer, es una «irresponsabilidad». De igual modo, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, advirtió ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que la intervención de las cuentas de la Generalitat pondrá en peligro la renta garantizada de la ciudadanía y otras previsiones de gasto, pero no la celebración del referéndum.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó ayer al Gobierno de estar aplicando el artículo 155 de la Constitución sin tener el «coraje» de pasar por las Cortes. En un mitin en Girona, Puigdemont dijo que Rajoy «no está solo» porque a sus medidas se han sumado de manera «entusiasta» el PSOE y Ciudadanos, y agradeció que Podemos se haya desmarcado del «pensamiento único» contra el referéndum.

También la diputada de la CUP Eulàlia Reguant acusó al Gobierno de estar suspendiendo la autonomía de Cataluña «por la puerta de atrás» al intervenir las finanzas de la Generalitat.

El Govern presentó ayer ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de intervenir sus cuentas y pidió la suspensión de la medida. Sin embargo, el Supremo no se pronunciará en los próximos días, al no haber solicitado el Govern medidas cautelarísimas. Fuentes del Tribunal, citadas por EFE, recordaron que es obligado dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado- ese plazo es diez días.

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