La prensa analiza la ruptura entre Cataluña y España

EL CHOQUE ENTRE EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y EL RUPTURISTA DEBE CONCLUIR

En Cataluña coexisten en la actualidad la legalidad vigente derivada de la Constitución y una fantasmagórica legalidad alternativa basada en los hechos consumados, el golpe parlamentario y el desacato al Estatut. El Gobierno no debe permitir que esa legalidad paralela se siga implantando y llegue a ganar legitimidad entre los ciudadanos, confundidos a estas alturas de la crisis. Los impulsores de esa legalidad alternativa pretenden culminar su desafío con una proclamación unilateral de independencia que atenta frontalmente contra el derecho interno e internacional. Y que llegaría tras la pretendida celebración de un referéndum ilegal, huérfano de requisito democrático alguno. Digámoslo con claridad una vez más: el derecho de autodeterminación que exigen los independentistas no está reconocido en ningún país democrático del mundo.

EL PAÍS 14 Editorial

COLAU SE ALÍA CON QUIENES QUIEREN DINAMITAR EL ESTADO

Por más que Puigdemont y Colau presenten a los alcaldes investigados por la Fiscalía como «perseguidos e intimidados», la realidad es que quienes lo están son los regidores municipales que se han puesto al lado del cumplimiento de la ley y la Constitución. Produce indignación esta nueva tergiversación de la realidad con la que el independentismo y sus palmeros intentan convencer al mundo de sus ilusorias aspiraciones ilegales. En esta tragicomedia merece una mención especial la indeterminada y cobarde Ada Colau, que está mirando más su interés electoral que el cumplimiento de la ley. Fiel a sus inicios de activista antisistema en la plataforma antidesahucios, se alía con los presuntos delincuentes para dinamitar el Estado de derecho en Cataluña. Su mirada ahora se dirige desde el Ayuntamiento hacia la Generalitat, pero una Generalitat española.

EL MUNDO 3 Editorial

LA LEY DEBE IMPONERSE FRENTE A QUIENES PRETENDEN FRACTURARLA

La CUP es un cáncer para la sociedad catalana, y ahora se ha propuesto liderar revueltas ciudadanas contra cualquier decisión que adopte el Estado contra la celebración del referéndum. Su plan es forzar la conflictividad en las calles con el objetivo de obligar a las fuerzas policiales a realizar detenciones para presentar al Estado como un órgano vulnerador de las libertades, y no como lo que en realidad es: un garante de los derechos de millones de catalanes, y por tanto de millones de españoles, que se oponen a la independencia de Cataluña con absoluta contundencia. Pero la CUP debe saber que aun en el supuesto de que sus seguidores traten de romper la paz en las calles de Cataluña, la ley debe imponerse frente a quienes pretenden fracturarla y vulnerarla.

ABC 4 Editorial

EL DIÁLOGO NO ES POSIBLE MIENTRAS SE SIGA INCUMPLIENDO LA LEY EN CATALUÑA

El Estado está respondiendo con la ley al ataque a la democracia española que supone el desafío separatista catalán, como destaca hoy en LA RAZÓN el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La insumisión legal en la que se han situado las autoridades catalanas impide cualquier diálogo, por más que Puigdemont reclame ahora una negociación. Más pronto que tarde, será necesaria la renovación de unos dirigentes que han impuestos sus ensoñaciones políticas al conjunto de la sociedad catalana, arrasando cualquier espacio de acuerdo y tolerancia. El 2 de octubre habrá que plantear la urgencia de convocar elecciones autonómicas y dar un vuelco a una situación que sólo está perjudicando a la sociedad catalana, que en buena parte está reclamando la aplicación del artículo 155 de la Constitución para poner freno a los abusos de la Generalitat. Sin ley, Cataluña pierde toda su identidad.

LA RAZÓN 3 Editorial

LA LLAMADA AL DIÁLOGO DE SÁNCHEZ PUEDE SER LA VÍA PARA SOLUCIONAR LA CRISIS CATALANA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es en este momento uno de los últimos puentes que quedan en pie entre la vida política catalana y la española, ya que por un lado apoya a Mariano Rajoy en su condena a la ruptura de la ley consumada por el Parlament y, por otro, apela al diálogo para buscar una solución. Pero coincidir con el presidente del Gobierno en el respeto a la legalidad no impide al líder de la oposición reprocharle «apatía y pasividad». Sánchez ha intentado promover el diálogo, incluso llevando la contraria a quienes en su partido pretendían aplazar hasta después del 1-O su propuesta para promover en el Congreso una comisión sobre el modelo territorial que permita reconocer la pluralidad del Estado español. Su apelación a la generosidad y amplitud de miras para resolver el problema catalán debería ser el punto de partida para pasar de una vez de la tensión al diálogo.

LA VANGUARDIA 34 Editorial

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