La Guardia Civil retira 100 mil carteles sobre el referéndum

La Guardia Civil intervino ayer cerca de 100.000 carteles de publicidad del referéndum del 1 de octubre en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a u n publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música, en el barrio barcelonés de Poblenou. Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes han estado registrando durante varias horas dos naves industriales de la empresa de artes gráficas Marc Martí Publicitat, de donde se han llevado en tres furgonetas varias cajas con carteles para anunciar el referéndum.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo ayer que las personas que participen en las mesas de votación en el referéndum podrían incurrir en un delito. Además, Maza ha dado instrucciones a los fiscales del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista y que tienen la condición de aforados por ser parlamentarios.

Mientras, la Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias por un delito de desobediencia para investigar el acto que los independentistas celebraron el pasado jueves en la Tarraco Arena Plaza a favor del referéndum del 1 de octubre.

En otro orden de cosas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a los tres magistrados del TSJC que acordaron investigarle por el referéndum del 1-O y a la juez encargada de instruir el caso.

Por otro lado, la policía irrumpió ayer en Vitoria en un acto de la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, después de que un juez lo considerara ilegal en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el referéndum.

En cuanto al acto a favor del referéndum que se iba a celebrar en Madrid en un espacio del Ayuntamiento y que ha sido prohibido por un juez, se llevará a cabo finalmente el próximo domingo en el Teatro del Barrio, de propiedad privada. El Ayuntamiento de Madrid presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la prohibición.

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