El Estado pasa a gestionar los presupuestos de la Generalitat

La finalidad del nuevo sistema, que no afecta a las competencias de la comunidad, es que la ilegalidad en que está incurriendo la Generalitat no perjudique a los ciudadanos, no se financie ninguna actividad ilegal y se cumplan los objetivos de estabilidad. El Estado pagará directamente los servicios públicos fundamentales mientras dure la situación de excepcionalidad.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el «mecanismo de control de pagos novedoso pero absolutamente necesario» que el Ejecutivo ha adoptado «ante la situación de manifiesta ilegalidad en que está incurriendo la Generalitat de Cataluña». Montoro ha presentado en la reunión del Gabinete un informe sobre las nuevas medidas, que posteriormente se han aprobado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que la finalidad del mecanismo es «garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y que la posición en que están incurriendo los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni en el conjunto de España». Gracias a este control de pagos, ha precisado, «ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal» y se podrán cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. A juicio del ministro, «lo que está en juego» es el interés general, así como la propia defensa de la ley.

En primer lugar, la Comisión Delegada ha acordado requerir al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña que, en el plazo de 48 horas desde la publicación de la decisión en el BOE, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre el Presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos no vinculados con servicios públicos fundamentales (nóminas, sanidad, educación y servicios sociales). Si no lo hace, será el propio ministro de Hacienda quien se encargue de esa tarea.

 

PAGA EL ESTADO

 

En segundo lugar, Cataluña deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes para el pago de los servicios públicos fundamentales. La información, según ha detallado Cristóbal Montoro, irá firmada por la Intervención de la Generalitat, junto con un certificado de que no se va a financiar ninguna actividad relacionada con el «proceso refrendario» o que no esté amparada por la ley. Una vez recibida esa información, el Estado abonará directamente las facturas de los proveedores y las nóminas de los empleados públicos. Se trata, ha señalado el ministro, de una «extensión de algo que ya tenemos experimentado, probado y contrastado, que es el Fondo de Liquidez Autonómico».

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal MontoroPool Moncloa/J.M.CuadradoEl Ejecutivo, ha subrayado Montoro, trabajará para que «realmente» la Generalitat no pueda librar «ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado».

Otra de las medidas acordadas es que todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las que sean a corto plazo, tendrán que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por último, las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la comunidad autónoma o de entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

 

COMPETENCIAS

 

Cristóbal Montoro ha remarcado que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», ya que seguirá siendo la Generalitat la que determine cuánto dinero destina a sanidad, educación, protección ciudadana, etcétera. «Por tanto, no estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria», ha expresado.

El ministro ha añadido que «no es admisible» que las autoridades catalanas, y en concreto la Vicepresidencia Económica de la Generalitat, digan que están comprometidas con esos objetivos «pero a su aire». «No es legítimo y, además, no es fiable», ha manifestado.

 

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