La “Ley mordaza” sirve para recaudar

La Ley Orgánica 4/2015, de seguridad ciudadana, se aprobó hace dos años con una teórica serie de finalidades muy particulares. Concretamente, el Preámbulo de la norma indica que “La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo”. Además, se destaca en el texto que libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un fin en sí mismo.

La renovación del régimen de infracciones y sanciones generales del Derecho Administrativo sancionador, cuyas bases sistemáticas se encuentran en la Ley 40/2015, se necesitaba por el transcurso del tiempo, pero también por la Ley Orgánica 1/2015, que eliminó las faltas del Código Penal para convertir algunas en infracciones administrativas. Otras se convirtieron en delitos leves y algunas quedaron para el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual.

Una de las consecuencias directas de las Ley Orgánica de seguridad ciudadana fue la supresión de la garantía jurisdiccional penal, recogida en el artículo 3.1 del Código Penal, para determinadas conductas, que quedaron sometidas a la autotutela administrativa. Por diversas resoluciones del Tribunal Supremo, se puede considerar que la misma es una herramienta jurídica, configurada como una prerrogativa establecida por la legislación, que poseen los entes administrativos para poder declarar y constituir situaciones jurídicas mediante actos que, posteriormente, podrán ejecutar, no teniendo que solicitar la intervención de un órgano judicial para que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, juzgue y, cuando sea conveniente, haga ejecutar lo juzgado, como deben hacer los particulares, ya que el artículo 455 del Código Penal castiga la realización arbitraria del propio derecho.

Se ha podido saber por medios de comunicación gallegos que, durante su primer año y medio de vigencia, se impusieron, en Galicia, 20.619 sanciones por infracciones recogidas en la Ley Orgánica 4/2015, con un importe total de 9.839.488 euros. Es probable que se hayan obtenido cantidades similares a través de las multas fijadas por esa norma legal en otras Comunidades Autónomas durante el mismo período.

Por las condiciones legales, la denominada “Ley mordaza” se ha convertido en un eficiente medio recaudatorio por las sanciones pecuniarias que establece. Además, el artículo 54 de la norma permite una reducción del 50% de la multa si se abona voluntariamente en el plazo de 15 días, evitándose, de esa manera, el desarrollo de largos trámites administrativos y judiciales.

Mientras se sancione por la existencia de hechos constitutivos de infracción no habrá problemas. Sin embargo, cuando haya dudas de gran calibre sobre la finalidad de la multa, que debe utilizarse como castigo y no como tributo, deberá iniciarse un proceso jurisdiccional contencioso-administrativo, pues las Administraciones Públicas deben actuar empleando sus instrumentos con los objetivos marcados por el ordenamiento jurídico.

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