La Fiscalía actúa contra Puigdemont y Junqueras con posibles penas de prisión

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite las dos querellas que presentó la Fiscalía por el referéndum del 1-O: una contra el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros del Gobierno por el decreto de convocatoria, y otra contra los miembros de la Mesa del Parlament por las normas complementarias para su realización. La Fiscalía ve delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos. Los dos primeros delitos conllevan penas de inhabilitación y el tercero penas de prisión.

La Fiscalía solicita también medidas cautelares. En concreto, pide fianzas a los miembros del Govern para cubrir una eventual condena por el gasto de fondos públicos, que se interrumpa el funcionamiento de la web Garanties.cat y comunicar a los medios públicos y privados que no deben permitir «cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum». Asimismo, pide a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir la consulta, como son la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales y elementos informáticos.

La querella considera que los miembros del Govern «no pueden desconocer» que su decisión de convocar el referéndum «conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos». Sobre el delito de desobediencia, considera que los querellados «se han negado abiertamente» a cumplir las resoluciones del Constitucional. En cuanto a la prevaricación, sostiene que los miembros del Govern tenían «cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, admitió ayer que su defensa del referéndum le pone en una situación difícil, pero que la consulta se celebrará. «Algunos arriesgamos mucho. Iremos hasta el final y os garantizamos que el Govern no fallará», enfatizó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de los Mossos d’Esquadra, Antoni Castellón, aseguró que los agentes cumplirán la ley porque para «cualquier policía, desobedecer tendría consecuencias graves».

Por otro lado, la Guardia Civil registró ayer durante dos horas la imprenta Indugraf, situada en la localidad tarraconense de Constatí, en cuyos talleres se sospecha que se ha estado imprimiendo material electoral relacionado con el referéndum. La empresa informó que los agentes no encontraron nada «de especial interés».

El conseller de Cultura, Lluís Puig i Gordi, aseguró ayer en su cuenta de Twitter que el referéndum ya había arrancado gracias al voto desde el extranjero.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar