La prensa nacional valora negativamente la acción separatista

LA DIGNIDAD DE CATALUÑA

«Frente al enorme desafío lanzado por el bloque independentista al aprobar la ley y decreto de convocatoria de un referéndum secesionista ilegal, antiestatutario y anticonstitucional, se levantó ayer una múltiple contraofensiva, firme, serena y proporcionada». En defensa de la legalidad democrática salieron las principales instituciones del país, pero la «actuación más vibrante -y más difícil- fue la de los grupos de oposición» del Parlament. «Los diputados de las minorías defendieron con arrojo los derechos de los ciudadanos». Fueron ellos «quienes mejor reivindicaron la dignidad de Cataluña y de sus leyes e instituciones». Además, esta «resistencia» demostró «algo trascendental»: «que el rechazo de las actuaciones ilegales en pro de la separación no es exclusivo del Estado entendido como Administración central, reputada hostil».

«Las otras instituciones del Estado también iniciaron su respuesta de forma ágil, taxativa y proporcionada al envite. El Gobierno, recurriendo al Tribunal Constitucional contra las dos leyes levantiscas. Los líderes de los principales partidos de la oposición, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ofreciendo su apoyo sin fisuras a la actuación del Ejecutivo», y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una explicación «mesurada». También el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. «Contra lo que suponen algunos secesionistas, el Estado español, el Estado de derecho, es fuerte. Pero más porque se asienta en el consenso y la confianza ciudadana -también en Cataluña-, que porque disponga, como dispone, de mecanismos de actuación contundentes».

EL PAÍS 1,10. Editorial

ACERTADA REACCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO CONTRA EL GOLPE SEPARATISTA

«Mientras en el Parlament se vivía otra sesión más del planificado golpe de la Generalitat al Estado de Derecho y a todas sus instituciones democráticas, la Fiscalía y el presidente del Gobierno anunciaban la esperada respuesta a quienes pretenden destruir nuestro marco de convivencia». «El Estado ha reaccionado con celeridad y acierto en dos direcciones». Las medidas anunciadas por la Fiscalía «utilizan los instrumentos del Estado de Derecho para frenar el golpe, sin caer en las provocaciones de los separatistas pero advirtiendo a los sediciosos de posible multas, de la inhabilitación política o incluso de la pérdida de libertad». Por su parte, Rajoy, «en un discurso cargado de altura política y digno del decisivo momento que vive nuestro país», «dejó claro que ‘hará todo lo necesario, sin renunciar a nada’ para evitar que se ponga fin al periodo de mayor prosperidad y paz social vivido en la historia reciente de España». «Es lógico que muchos hayan echado de menos la determinación con la que el Estado actúo ayer, ya que de haberlo hecho antes, se habría evitado el deterioro de la convivencia que se ha producido en Cataluña, una sociedad partida en dos».

EL MUNDO 3. Editorial

La unidad de los demócratas debe escenificarse

«El golpe institucional dado por el Parlament y el Govern de Cataluña obliga más que nunca a reforzar la unidad de todos los partidos que defienden el marco constitucional». «No es momento de discrepancias ideológicas o partidistas. Menos aún, de que la animadversión personal se anteponga a la resolución del reto que han impuesto los soberanistas». Rajoy, Sánchez y Rivera «deberían haber escenificado un único encuentro para sellar una alianza que no debería ser coyuntural, porque aunque se frene el golpe institucional y se consiga que no se celebre el referéndum ilegal, el daño hecho a nuestra democracia es inmenso. Y sólo podrá restaurarse la convivencia desde la determinación de recuperar los valores de consenso y diálogo que hicieron posible la Transición».

EL MUNDO 3. Editorial

Contundente pronunciamiento desde Europa

El respaldo de nuestros socios europeos es importante en un momento delicadísimo en la historia del país. «Sólo advertir de las consecuencias de la secesión porque el proceso que pueda llevar a la separación es una cuestión interna. Pero se agradece que ante la escalada del desafío independentista, la Unión Europea también alce su voz en defensa de la unidad de España y de la legalidad».

EL MUNDO 3. Editorial

LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO, LO PRIMERO

«El presidente del Gobierno comprometió ayer públicamente su palabra para sostener que ‘no habrá referéndum’. Y lo hizo con el apoyo expreso de Pedro Sánchez y de Albert Rivera». «Desde la perspectiva formal, era esencial que Rajoy compareciese personalmente, aunque habría sido más contundente aún la fotografía conjunta de los tres líderes constitucionalistas». Cobró relevancia la afirmación de Rajoy que no renuncia «a nada» para frenar este intento de ruptura de España. «Dada la gravedad del desafío, no es momento de actuar con complejos, o criminalizando» el artículo 155 de la Constitución, «creado precisamente para sofocar este tipo de rebeldías sediciosas». «Debe dejar de ser tabú debatir y apelar a la aplicación del artículo 155 como una opción realista, eficaz y tranquilizadora para una sociedad que no se puede permitir el lujo de que el secesionismo gane batallas -no ya jurídicas, porque es imposible- sino de imagen». «El Ejecutivo ya no puede actuar con ingenuidad, en la creencia de que los mandatos judiciales serán suficientes. Ojalá lo fueran, pero Puigdemont no está por obedecer, y la reacción del Estado debe ser demoledora». «Tampoco puede ser ingenuo el PSOE, que si bien está expresando su fiel apoyo al Gobierno, siempre termina apelando a un ‘diálogo’ buenista y hoy imposible». No era el día para registrar la comisión parlamentaria para revisar el sistema autonómico. «España vive bajo el peligro real de perder su legitimidad constitucional. Es la soberanía nacional lo que está en juego, y los sediciosos deben ser apartados del tablero sin miramientos. Con la ley, sin cálculos políticos y con la vista puesta en que España no puede renunciar a ser un Estado de Derecho».

ABC 4. Editorial

FUEGO CRUZADO

La Fiscalía General del Estado anunció querella contra todos los miembros del Govern que firmaron la ley del referéndum, que fue suspendida anoche por el Tribunal Constitucional. Mientras, el Parlament aprobaba la ley de transitoriedad. «Estamos, pues, en una fase de fuego cruzado (legal) entre la Generalitat y el Estado». «Si las circunstancias no revistieran tanta gravedad podríamos explayarnos en un análisis freudiano de la coyuntura. Pero la gravedad del caso es extrema y nos inclina a deplorar sin reservas el fuego cruzado al que asistimos. En primer lugar, por lo que tiene de lesivo para la convivencia entre catalanes, y entre españoles y catalanes. En segundo lugar, porque propicia la erosión institucional de la Generalitat y del Parlament, ya que sus guías actuales tan sólo han sabido encaminarse hacia esa otra legalidad, vulnerando la que la ha acogido durante decenios. Y, además, porque obliga a los altos órganos judiciales del Estado a tomar medidas que no son inocuas tampoco para ellos, habida cuenta de los casos previos en que el Gobierno del PP se ha escudado en dichos órganos para cubrir su dejación política».

«Si hubiera que creer a unos, parecería que nos acercamos a un amanecer feliz, indoloro, del Estado catalán. Si hubiera que creer a otros, parecería que el Estado español confía en salir reforzado de este envite. Pero lo que nos aguarda, acabe como acabe el proceso, puede ser algo distinto: una sociedad partida, una convivencia maltrecha, instituciones magulladas, políticos inhabilitados y una incapacidad para dialogar largamente cultivada aquí y allá. Es de temer que esa sea la realidad que veremos los catalanes cuando se disipe la humareda del fuego cruzado. Y entonces, más pronto que tarde, habrá que sentarse a hablar para tratar de recomponerla».

LA VANGUARDIA 22. Editorial

LAS POSICIONES INDEPENDENTISTAS PIERDEN LEGITIMIDAD TRAS EL BOCHORNOSO ESPECTÁCULO EN EL PARLAMENT

«Las instituciones del Estado reaccionaron ayer al acto de desobediencia que protagonizaron el Parlament y la Generalitat con la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del 1-O». «Fiel a su política de estos últimos años, la reacción de Rajoy a la desobediencia de las instituciones catalanas fue recurrir a la justicia». «El choque institucional se dirime en términos no sólo legales, sino de legitimidad política». Mientras desde La Moncloa se envían señales de unidad, «la rauxa parece haberse instalado en el bloque independentista después de dos jornadas bochornosas en el Parlament». «Perdida de antemano la batalla legal contra el orden constitucional vigente, el independentismo también pierde enteros en el terreno de la legitimidad. Es el precio a pagar por ignorar a la mitad de los catalanes».

EL PERIÓDICO 14. Editorial

LA SEDICIÓN SEPARATISTA TOPA CON LA IMPECABLE ACCIÓN DEL ESTADO

«No parece que la opinión pública vaya a dejarse engañar por la escenificación de los partidos separatistas catalanes y por la incalificable actuación de la Generalitat sobre cuál será el final de todo este enredo. Tal vez, los ciudadanos reclamen mayor celeridad y contundencia a las instituciones, pero, hasta el momento, la respuesta de los poderes públicos al golpe contra la democracia perpetrado en Cataluña está siendo impecable, con respeto exquisito al ordenamiento jurídico y en los tiempos que prescribe la Ley». Es «la respuesta eficaz que se precisa, a la que se refería el presidente del Gobierno en su comparecencia, firme, con aplomo, serenidad y dignidad, pero sin renunciar a ninguno de los instrumentos del Estado». Pero, aunque el aspecto jurisdiccional tenga que primar, era igualmente importante que se articulara una respuesta política ante este intento sedicioso. En este sentido, «a nadie se le escapa la trascendencia de la respuesta parlamentaria del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que advierte de que ‘cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea'». Además, la sociedad española «se habrá sentido mucho más confortada y segura» tras comprobar que los líderes de los principales partidos constitucionalistas comparten el compromiso inequívoco de la defensa de la Ley y de la soberanía nacional.

LA RAZÓN 3. Editorial

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