El Tribunal de cuentas reclama a Mas una fianza de 5 millones por el 9-N

El Tribunal de Cuentas reclamará al expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros diez altos cargos que asuman el gasto de dinero público que autorizaron en 2014 para la consulta del 9-N, y que la Fiscalía cifró en 5,1 millones de euros. La delegada instructora los ha citado para el próximo 25 de septiembre para fijar la ‘liquidación provisional’ para determinar las cantidades sobre las que debe responder cada uno de ellos, y de no hacerlo se les embargará sus bienes.

La investigación se abrió inicialmente contra los cuatro condenados penalmente por el 9-N: Artur Mas y los entonces consejeros Francesc Homs, Irene Rigau, y Joana Ortega, y se ha ampliado a otros siete altos cargos que participaron en la autorización de los gastos.

Artur Mas dijo que el Estado está intentando dar miedo a la gente y escogen a algunos «para que quede claro que a través de esta caza mayor se puede cazar a otra gente». En una entrevista en el canal 324, Mas apuntó que estas «amenazas» están condenadas al fracaso si los catalanes «se mantienen firme y no se dejan inocular el virus del miedo».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó al Gobierno de «saltarse el Estado de derecho» y dar un «salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo» para impedir el 1-O. En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente, Oriol Junqueras, Puigdemont dijo que la decisión del Tribunal de Cuentas «vulnera los procedimientos» previstos al interpretar de manera «torticera» la normativa de las instituciones y saltarse «las garantías fundamentales del derecho de defensa». El presidente catalán expresó su «apoyo total» a los afectados por la decisión del Tribunal de Cuentas. «Si los tocan a ellos, nos tocan a todos», enfatizó. Por su parte, Junqueras denunció el intento de «impedir el derecho de voto» por parte de un Estado que «abusa de las instituciones que tiene en su entorno».

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, advirtió al Govern de que «todos los que incumplan la ley asumirán consecuencias democráticas», y lo harán «por encima de declaraciones incendiaras» como las realizadas por Puigdemont y Junqueras.

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural reactivaron su «caja de solidaridad» para que los catalanes puedan ayudar a pagar la fianza impuesta a Mas y once exaltos cargos. Societat Civil Catalana (SCC) reclamó a los afectados que abonen la fianza que les exige el Tribunal de Cuentas.

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