Cataluña y su Parlamento, en los editoriales de la prensa nacional

ESPAÑA NO SE DEFIENDE CON PALABRAS

«La mayoría separatista del Parlamento catalán podría aprovechar el Pleno de hoy para introducir la aprobación de la ley del referéndum previsto para el 1 de octubre». «Si no es hoy, lo harán cuando más les convenga, sin atenerse a ninguna consideración de legalidad. Este desprecio constante a la ley y a las resoluciones judiciales por parte de los dirigentes separatistas está acreditado desde hace años y es el signo distintivo del denominado ‘procés’.». «Las advertencias que les dirige el Gobierno de que sus decisiones serán impugnadas ante el Tribunal Constitucional no surten efectos disuasorios. La respuesta al nacionalismo separatista no es un seminario de derecho administrativo, ni una reacción puramente legalista, sino que exige una acción política y constitucional inédita en su dimensión y en su gravedad». «Es hora de poner punto final a la viciosa práctica de dejar que sean los nacionalistas quienes decidan, con su teoría del victimismo, cómo y cuándo debe reaccionar el Estado».

«España no puede seguir viviendo bajo la amenaza constante de división de su unidad, de crispación de su convivencia». «El separatismo ha volado los puentes del diálogo» y «el Gobierno de la Nación está legitimado para adoptar cualquier medida, por drástica que sea». «Fiarlo todo a los recursos ante el TC es un riesgo». «Son el Gobierno y las Cortes, particularmente el Senado, quienes deben asumir sus responsabilidades ante el separatismo catalán». A día de hoy, «los ciudadanos desconocen en qué concretas medidas están de acuerdo el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos para frenar el separatismo. Una unidad política vacía de contenidos precisos no resistirá la presión social e institucional del conflicto». «España se aproxima a una encrucijada histórica en la que se dirime su futuro como Estado constitucional y hay que tener voluntad y determinación para no fallar a los españoles y, especialmente, a los catalanes que quieren seguir siendo españoles».

ABC 4. Editorial

FRENTE A LA DESESPERACIÓN SEPARATISTA, LA SERENIDAD DEL ESTADO

La reacción de Puigdemont y Junqueras al conocer la decisión del Tribunal de Cuentas ha resultado «entre cómica y desesperada». «Evidentemente, nos encontramos ante la enésima provocación de un Govern aferrado al clavo ardiendo de una respuesta desproporcionada», la última esperanza del independentismo «para reavivar un proceso abocado a un fracaso histórico». Mientras, «la agenda prevista para esta semana continúa su curso suicida. Por primera vez desde la restauración de la democracia una cámara legislativa autonómica se colocará deliberadamente al margen de la ley». «Todos los poderes del Estado deben ahora coordinarse para atajar una insólita agresión a la soberanía nacional». «La respuesta ha de ser proporcionada al quebranto ocasionado». «Ahora bien, el judicial es sólo uno de los tres poderes del Estado. La reacción del Ejecutivo debe acompañar la sanción de los tribunales con la búsqueda del acuerdo más sólido posible entre las fuerzas constitucionalistas», al tiempo que programa una incansable labor de pedagogía».

EL MUNDO 3. Editorial

ANTE EL CONFLICTO INSTITUCIONAL

El proyecto de ley del referéndum llega hoy al Parlament y todo indica que la norma será admitida a trámite y aprobada. «Del mismo modo que se prevé este guión parlamentario, cabe aventurar la respuesta del Gobierno, respaldado por la maquinaria del Estado». «El Constitucional obrará en consecuencia», y es previsible que la suspensión del referéndum llegue antes de 24 horas. «El choque de trenes entre la legalidad constitucional (de la que emana la Generalitat) y el independentismo se producirá, pues, hoy. El desafío soberanista, concretado en una norma que busca la secesión, será inequívoco y duro. Y la respuesta estatal se supone proporcional y no menos dura. Como lo sería en países de nuestro entorno democrático donde un territorio decidiera segregarse vía referéndum de parte sin garantías». Los independentistas festejarán la nueva ley y quienes dan por buena la pasividad hasta la fecha del Gobierno quizás aplaudan sin matices los movimientos del Constitucional. Sin embargo, entre unos y otros, «hay otro sector de la sociedad catalana, amplio y probablemente mayoritario», que integran quienes «se sienten catalanistas pero no necesariamente independentistas». «Esta sociedad catalana entre dos fuegos asiste preocupada al deterioro de la convivencia». «Esa sociedad catalana estresada e incómoda, pero firme en su convicción democrática más allá de banderas, sabe que vienen días de agitación y acaso estropicios». Pero el tradicional perfil sociopolítico catalán -moderado, negociador, pactista- pervive. «Y confía en que, más pronto que tarde, recupere su centralidad».

LA VANGUARDIA 18. Editorial

EL CONFLICTO INSTITUCIONAL

«Hoy, tras un largo periodo de pugna verbal, los trenes llamados a protagonizar el choque institucional entre las instituciones del Estado y la Generalitat partirán de sus estaciones en sentido contrario». El enfrentamiento «está servido». «El día en que el choque institucional tomará cuerpo, cabe recordar, de nuevo, que es cierto que votar es un acto básico en democracia, pero que no hay democracia fuera de la ley, y que la solución al reto independentista en Catalunya no vendrá de los tribunales, sino de la negociación política. Años de mala política culminan hoy en conflicto institucional».

EL PERIÓDICO 10. Editorial

LOS JUECES, GARANTÍA DEL ESTADO

Los promotores del desafío independentista no parecen entender que «no estamos más que ante la simple constatación de un hecho: que en España, como en cualquier Estado de derecho, el incumplimiento de la Ley no queda impune». «Conviene insistir en ello porque desde el separatismo catalán y desde algunos sectores de la izquierda populista se trata de hurtar a la opinión pública la esencia puramente delictiva del desafío nacionalista». «Tras las nítidas y contundentes advertencias de quienes representan la Justicia y la defensa de las libertades y derechos de todos los españoles, y tras el ‘aviso a navegantes’ del Tribunal de Cuentas», Puigdemont debe ser plenamente consciente de «la imposibilidad de su proyecto». «La Constitución no es una entelequia ni una aspiración». Es «un conjunto de mandatos que es obligado cumplir, o atenerse a las consecuencias. Luego no valdrán las quejas».

LA RAZÓN 3. Editorial

La ley que viola todas las leyes (EL PAÍS 1,18. Xavier Vidal-Folch) «La norma que regula el referéndum es ilegal de principio a fin».

Ha llegado el día ‘D’ (EL MUNDO 9. Santiago González) «Hoy puede ser un gran día, en el que el Parlamento de Cataluña se adelante al 1 de octubre, proclamando su independencia y situándose fuera de la legalidad constitucional. Fiscal general, proceda, haga el favor».

Velando las armas (EL MUNDO 14. Lucía Méndez) «España se adentrará hoy en un camino inédito con pocas certezas y muchas incertidumbres». Rajoy «se ha asegurado un consenso político amplio en torno a la respuesta jurídica que tendrá que dar».

Indivisible, no (EL MUNDO 2. Federico Jiménez Losantos) «Los que pueden destruir y destruyen España no son los que la atacan sino los que no la defienden: el Ejecutivo, que no ejecuta; el Legislativo, que no ilegaliza a los golpistas; y el Judicial, hijastro de los otros, que permite al Ejecutivo que se incumplan sentencias del Supremo contra la Generalidad y ataca a los que lo denuncian».

Folklore (ABC 11. Ignacio Camacho) «El Gobierno, resignado a alguna clase de performance que no será un concurso de castellers, parece preferir un final llevadero a uno contundente».

Naciones (ABC 10. David Gistau) «No hay sueldo que justifique tratar de comprender a Pedro Sánchez».

Naciones (LA VANGUARDIA 13. Enric Juliana) «Madrid regresa a 1980: pelea por la plurinacionalidad; Barcelona inicia una excursión a 1934».

El secesionismo lastra la economía (EL ECONOMISTA 3. Editorial) «El comercio miniorista ahonda su desaceleración».

LA PROPUESTA DE CIUDADANOS BUSCA UN ATAJO INDEBIDO PARA CESAR AL PRESIDENTE

«Ciudadanos está en su derecho de exigir a Mariano Rajoy que cumpla los compromisos que le llevaron a La Moncloa, aunque no sería este el primero de los 150 puntos de aquel acuerdo relacionados con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que éste obvia. Pero cosa bien distinta es forzar la legislación e incluso, a decir de un buen número de constitucionalistas, la propia Ley Fundamental, para llevar a término y sin consenso una medida de tan profundo calado como difícil encaje en nuestro sistema político». «Mariano Rajoy ha obtenido la confianza del Parlamento en dos ocasiones y superado recientemente una moción de censura. Nada impide al Parlamento, donde su partido está en minoría, ni a Ciudadanos, que apoya al Gobierno, retirar su confianza al presidente cuando lo estime necesario y conveniente. Pero hacerlo mediante atajos no parece la mejor manera de regenerar la democracia».

EL PAÍS 12. Editorial

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