La Xunta analizará el grado de satisfacción con los servicios públicos

La Xunta acaba de iniciar el proceso de consulta pública previa del proyecto de decreto que regulará los instrumentos para la mejora y evaluación de la calidad en el sector público autonómico. Entre otros objetivos concretos, el texto permitirá aprobar, por primera vez, las bases para la realización de análisis de la demanda y del grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios públicos.

Se continúa así avanzando en la línea de actuación que comenzó en 2015, con la aprobación de la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración, que tiene por objeto el impulso de la mejora continua de la calidad de los servicios públicos de Galicia y, al mismo tiempo, el incremento del grado de satisfacción de las personas usuarias.

Esta normativa, junto con la evolución en la concepción y gestión de la calidad de las administraciones públicas y los nuevos paradigmas de relación con la ciudadanía, hacen recomendable proceder al desarrollo reglamentario de los sistemas e instrumentos que permitirán mejorar y evaluar la calidad de los servicios públicos de la Administración autonómica.

Por eso, se proponen la elaboración de esta norma que, además de los objetivos ya citados, establecerá las directrices para la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, adaptará la actual regulación de las cartas de servicios (que data de 2008), y promoverá la participación ciudadana en la planificación y gestión de la mejora de los servicios públicos.

Trámite de consulta pública previa

El trámite de consulta pública previa viene recogido en la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tiene como objetivo principal mejorar la participación de la ciudadanía en la elaboración de normas.

Con carácter previo a la elaboración, se abre una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, con la finalidad de recoger la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Más en concreto, se recoge la opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos, y posibles soluciones alternativas (regulatorias y no regulatorias).

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