El pronunciamiento civil obligatorio de los órganos judiciales penales

El Tribunal Supremo ha dictado dos importantes sentencias, de 30 de mayo y de 6 de julio de este año, en las que determina que, en los procesos penales en los que se establezca que no hay un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, deberá existir un pronunciamiento sobre el derecho a indemnización que pueda haberse generado por los daños producidos a alguna persona afectada por la conducta del acusado absuelto. Las dos resoluciones son muy correctas en lo que a sus planteamientos se refiere.

Había dudas en la medida en que podía no conocerse con precisión cómo debe actuarse en un órgano jurisdiccional cuando se comete un delito de peligro y se generan daños. Si se utiliza como criterio una consideración muy estricta de la responsabilidad civil derivada delito, puede preferirse no resolver la cuestión de la indemnización. Sin embargo, hay que utilizar una consideración amplia.

Existen varios argumentos que se han utilizado por el Ministerio Fiscal para convencer al Tribunal Supremo. Principalmente, destaca el hecho relativo a que la decisión de no acordar pronunciamiento indemnizatorio supone una quiebra del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva por imponer el peregrinaje jurisdiccional y provocaría un incremento indebido de la litigiosidad.

La economía procesal, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, debe respetarse, siendo necesario que se impida el desarrollo de procesos utilizados para analizar cuestiones que pudieron ser resueltas con anterioridad, ya que eso duplicaría los costes para aquellas personas que hayan resultados dañadas o perjudicadas. Además, es cierto que hay que evitar en la medida de lo posible que no haya excesivos litigios por la alta carga de trabajo existente en los órganos jurisdiccionales de los distintos órdenes.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de fijación de los pronunciamientos indemnizatorios por los órganos jurisdiccionales penales en los casos en los que no ha existido delito serán muy útiles para el futuro. Los criterios impuestos garantizarán el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídico, ya que evitarán que, en los procesos penales, se juegue a todo o nada con las acciones penales y civiles.

Alejandro de Diego Gómez es secretario de Administración Local

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