La Mesa del Parlament pospone la tramitacion de la ley del referéndum

 

La Mesa del Parlamento catalán no abordó ayer la admisión a trámite de la ley del referéndum. La proposición, que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio, quedó excluida del orden del día de la primera reunión de la Mesa tras el periodo estival. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, justificó esta decisión por la “complejidad” de la norma, pero, sobre todo, por la “judicialización” de la política. Forcadell no quiso dar detalles sobre los pasos que dará a partir de ahora, y señaló que estudia el mejor momento para dar trámite a la ley.

El aplazamiento provocó las críticas de la oposición. Para el portavoz de Ciudadanos, Fernando de Páramo, los soberanistas “siguen jugando al escondite, engañando a los catalanes”. En su opinión, “no se atreven”, porque saben que “no habrá referéndum”. El líder del PPC, Xavier García Albiol, denunció un “nuevo episodio esperpéntico”, y opinó que es “un ejemplo más del desconcierto que se vive en el independentismo”. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo que no se sabe si todo se ajusta a “una estrategia o a la improvisación de quien no sabe dónde va”.

Todos los diarios destacan el aplazamiento y en líneas generales lo atribuyen a la presión judicial. “El separatismo busca la vía para escapar de la justicia”, titula EL PAÍS, que añade que “el Parlament retrasa la ley del referéndum a la espera de una salida que impida la reacción del Gobierno”. Para LA VANGUARDIA, “JxSí y la CUP retrasan unos días la ley del Referéndum ante la presión judicial”. Según EL PERIÓDICO, “JxSí dilata la ley del 1-O para evitar ya el revés del TC”. Por su parte, LA RAZÓN resalta el “freno a la ley del 1-O por temor a la inhabilitación de Forcadell”. EL MUNDO dice que “Forcadell aplaza la rebelión hasta la Diada para elevar el choque con el Estado”. En esta línea, ABC señala que “el soberanismo busca trasladar el choque de trenes a la Diada”.

La Mesa del Parlament sí aprobó un protocolo que regula las normas de entrada en la Cámara catalana de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando desempeñen funciones de policía judicial, entre ellas que no vayan armados y que lleven el rostro descubierto.

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