El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de súplica de la Generalitat

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de súplica que la Generalitat había presentado contra la suspensión cautelar del artículo 135.2 de la reforma del reglamento del Parlamento, que permitiría aprobar por lectura única la desconexión express. El TC precisa que se ha rechazado el recurso porque la Generalitat apelaba a cuestiones de fondo cuando, en este momento, sólo podía cuestionar si la impugnación de la reforma por parte del Gobierno español cumplió con todos los requisitos procesales.

La Generalitat alegaba en su recurso que el ejecutivo de Rajoy cometió un “abuso de derecho” al traer al TC la reforma del reglamento, puesto que el recurso de inconstitucionalidad “se basa no en la inconstitucionalidad del texto informativo impugnado, sino en la presunción de su futura aplicación a un supuesto determinado” , por si se usa el mecanismo de lectura única para aprobar la ley del referéndum. También recordaba que hay otros parlamentos y asambleas que tienen el procedimiento de lectura única como el que se ha aprobado en Cataluña y que no han sido impugnados.

El pleno del TC insiste en su resolución que el recurso de la Generalitat “no cuestiona la concurrencia de las condiciones necesarias de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada por el presidente del Gobierno, sino que, entrando en un juicio de fondo que resulta prematuro, aduce a razones no no susceptibles de ser valoradas aquí”.

La avogacía de los independentistas sostenía en sus alegaciones sobre el recurso de súplica de la Generalitat que el Tribunal Constitucional tenía que desestimarlo en la misma fase de admisión a trámite. Señalaba, precisamente, que en el recurso de súplica se reiteraban los problemas de fondos que el TC resolverá en el plazo de cinco meses iniciado con la admisión del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España.

El TC ha notificado personalmente a todos los miembros de la mesa la suspensión cautelar de la reforma del reglamento, advirtiéndolos su “deber de de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión”, así como de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal”, en las que pueden incurrir si desobedecen el Tribunal Constitucional..

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