El Gobierno no aplicará el artículo 155 de la Constitución para impedir el referéndum en Cataluña

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, descartó ayer, en una entrevista concedida a Europa Press, que el Gobierno vaya a aplicar el artículo 155 de la Constitución para impedir la celebración del referéndum unilateral que los independentistas catalanes han planteado para el 1 de octubre. En su opinión, “por razones temporales y jurídicas” ya no cabe aplicar esa medida. No obstante, “hay otras más oportunas y realistas”, que están en manos de los tribunales, para responder al incumplimiento de la ley “o decidir qué hacer si se cometen delitos como el de sedición o una sublevación ante el orden jurídico. Nosotros estaremos respaldando las medidas que sean razonables y eviten esa situación”. Hernando, además, mostró su confianza en que los Mossos d’Esquadra respeten el Estado de Derecho y eviten el referéndum.

En otro orden de cosas, el portavoz del PP considera que abrir la reforma de la Constitución en estos momentos, como quiere el PSOE, sin contar con el PP, “sería un gravísimo error y una insensatez”, pero sobre todo “sería inviable” porque la aprobación del texto requiere unas mayorías reforzadas en el Congreso que no se alcanzan sin el apoyo de su partido. España, dice Hernando, “no es una nación de naciones; eso es una aberración jurídica y política”. Además, “introducir el término plurinacionalidad en el debate y en la solución al problema catalán es también una forma de equidistancia con el independentismo, que lo único que hace es debilitar el Estado de Derecho, la Constitución y la soberanía nacional”, concluye Hernando.

 

ARTÍCULO 155

La Constitución española de 1978.

Título VIII. De la Organización Territorial del EstadoCapítulo tercero. De las Comunidades Autónomas

Artículo 155

    1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

 

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