Los daños por el Yak-42 no podrán ser resarcidos

El Ministerio de Defensa ha desestimado la petición de indemnización por la muerte y posterior identificación de 55 personas que se produjo, en 2003, por el accidente del Yak-42 en Turquía. De esa manera, se ha seguido el criterio el Dictamen del Consejo de Estado de 20 de octubre de 2016, que reconoció la existencia de un daño ocasionado por las actuaciones del Ministerio de Defensa, dirigido en aquel momento por Federico Trillo, aunque no se llegó a reconocer el derecho a indemnización por considerarse que ya se había producido el resarcimiento por los pagos hechos por una entidad aseguradora y por la Seguridad Social.

Conforme al artículo 106 de la Constitución Española, las Administraciones Públicas son responsables por los daños que se generen por su funcionamiento. La Ley 30/1992, que ya fue derogada por dos importantes leyes aprobadas y publicadas en el año 2015, recogía el régimen de la responsabilidad patrimonial con las mismas reglas generales que hay ahora, indicándose que existirá responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas siempre que realicen una actuación que cause un daño antijurídico que sea susceptible de valoración económica, siempre que no haya fuerza mayor.

El núcleo del tema se encuentra en todo lo referido a los daños morales. Como ha estado indicado el Tribunal Supremo, los daños morales han de ser valorados en términos sustitutivos o de aproximación, si procediere, atendiendo a su afectación de orden meramente espiritual y sin que resulten admisibles las indemnizaciones simbólicas, siendo necesario destacar que, salvo tasación legal expresa, el daño moral ocasionado por fallecimiento en accidente no es igual para el cónyuge o pareja de hecho, los hijos o los padres que para otros parientes más remotos en el grado.

La cuestión controvertida principal en este caso es que, existiendo un daño, se afirma por el Ministerio de Defensa que los pagos ya realizados a los interesados en la reclamación lograron un efectivo resarcimiento, de manera que, estimando la petición, habría una duplicidad indemnizatoria, que, realmente, generaría un enriquecimiento injusto en perjuicio de la Administración Pública. Sin embargo, los afectados no piensan lo mismo, aunque es cierto que el dictamen que elaboró el Consejo de Estado sobre este asunto tiene una argumentación jurídica bastante contundente.

Se está valorando la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo para que se determine por una sentencia, que sería muy útil para interpretar la reparación de los daños extracontractuales, si debe haber una indemnización abonada por el Ministerio de Defensa. El problema es que el proceso judicial podría tardar años en finalizar, prolongando más la agonía que están padeciendo los familiares de los que fallecieron en el accidente del Yak-42. Además, es muy probable que la sentencia que se pueda dictar ratifique la resolución administrativa dictada por el Ministerio indicado.

Las cuestiones de este asunto deberían haberse resuelto hace bastante tiempo, pero todavía habrá que esperar para ver lo que terminará sucediendo. Con independencia de lo que ocurra, debe destacarse que una justicia lenta no es justicia.

Alejandro de Diego Gómez es secretario de Administración Local

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