Huelgas y manifestaciones

Reglamentariamente escoltados y protegidos por la fuerza pública tanto de a pie como motorizada, entre dos y tres mil trabajadores del metal y liberados sindicales de turno se manifestaron el jueves en A Coruña en pro de la renovación de un convenio laboral caducado en noviembre de 2014 y que afecta a unos dieciocho/veinte mil operarios.

Para ello no se les ocurrió mejor cosa que recorrer a pie, con toda la paz del mundo y ocupando todos los carriles de circulación en dirección a la ciudad la no corta distancia que media entre Santa Cristina y la plaza de las Pajaritas, en cuyas inmediaciones se encuentra la sede de la patronal empresarial, punto final de la protesta.

El colapso de tráfico que durante casi tres horas, en plena hora punta, se produjo en la principal vía de entrada y zonas adyacentes es fácil de imaginar: uno de los mayores que de los últimos años se recuerdan, según los cronistas locales. Las colas por la autopista llegaron hasta los siete kilómetros y, en consecuencia, miles de conductores se vieron atrapados en una ratonera insalvable.

Aseguran que la manifestación había sido comunicada a la autoridad gubernativa –Subdelegación del Gobierno- en tiempo y forma. Y si así fue, habrá que entender que tanto ésta como el Ayuntamiento tenían conocimiento del itinerario proyectado y que éste afectaba a importantes vías públicas. ¿Por qué no se informó previa y debidamente al ciudadano de a pie para que evitara la zona y no se viera envuelto contra su voluntad en el enorme atasco? Y lo que es más importante: ¿por qué no se propuso una modificación de lugar, duración y/o itinerario en los términos que prevé la ley?

Bien se sabe que manifestaciones y huelgas están pensadas para ver cómo más perjuicio causan a la normalidad ciudadana, por entender los promotores que su causa será así mejor y más pronto atendida. Curiosamente, paros en servicios ferroviarios, aeropuertos y transporte en general suelen programarse para tiempos pre y post vacacionales, cuando el número de viajeros y el perjuicio para el sufrido e inocente ciudadano son mayores.

Rara vez, sin embargo, Administraciones y servicios de mediación llegan a tiempo para evitar que, al menos, los conflictos laborales se enquisten demasiado. Además, hemos visto –huelga del transporte, en Galicia- cómo no se cumplen los servicios mínimos legales establecidos y no pasa nada. O cómo en el mejor año turístico de nuestra historia huelgas totales dejan a grandes ciudades como Madrid y Barcelona sin taxis y, sin que tampoco pase nada, sus conductores colapsan los accesos a las más importantes terminales de viajeros.

No interviene ni el apuntador. Lo que muchos nos preguntamos es por qué en el ámbito sociolaboral parece no regir el principio de que los derechos de unos terminan donde se empiezan a vulnerar los de otros.

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