Siempre habrá dinero para el referéndum independentista

El Tribunal Constitucional ha señalado la inconstitucionalidad de la disposición presupuestaria que establecía la financiación para el referéndum que los dirigentes catalanes independentistas quieren celebrar el día 1 de octubre para determinar el futuro de Cataluña. La sentencia, que ha sido redactada por Pedro González-Trevijano y que es del pasado día 5 de julio, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición Adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017, y señala que las partidas presupuestarias impugnadas “son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiación del proceso referendario” al que se refiere la disposición adicional anulada.

Los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma catalana se encuentran regulados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que recoge un régimen jurídico similar al de los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 212 de la norma indica que “El presupuesto de la Generalitat tiene carácter anual, es único e incluye todos los gastos y todos los ingresos de la Generalitat, así como los de los organismos, instituciones y empresas que dependen de la misma”.

Muchos han celebrado la decisión de declaración de inconstitucionalidad de la financiación de la votación de la independencia, pero pueden haber ignorado un pequeño detalle. Se han producido otros actos políticos que han sido declarados contrarios a la Constitución sin que hayan cesado las provocaciones. Además, ni Artur Mas ni Francesc Homs fueron condenados por delitos de malversación de caudales públicos por la consulta independentista del día 9 de noviembre de 2014, en la que se invirtió dinero público con una finalidad ilegal, siendo, este detalle, curioso, pues el artículo 433 del Código Penal castiga expresamente el empleo de dinero público para finalidades distintas de las presupuestariamente marcadas.

La inconstitucionalidad del presupuesto para organizar la votación no impedirá el referéndum independentista. Los dirigentes independentistas ya han desarrollado, con anterioridad, muchas actividades que carecían de cobertura jurídica.

Desgraciadamente, es muy fácil organizar votaciones ilegales con el dinero de los demás. La decisión puede enmarcarse como una de las muchas que se han adoptado ya por determinados dirigentes catalanes, que se pueden haber habituado a utilizar el dinero ajeno como si fuera propio.

Podría utilizarse la partida presupuestaria que se corresponde con el referéndum para mejorar los servicios públicos de Cataluña. Sin embargo, parece que no interesa.

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