La progresividad fiscal, asignatura pendiente

A comienzos de la crisis de 2008, cuando España se encontró sin capacidad de refinanciar su deuda, recortó su gasto y subió los impuestos: sobre todo, IVA e IRPF. Ante la imposibilidad de un cambio inmediato del modelo productivo, la devaluación interna perfiló y condicionó la traumática superación de la crisis financiera y económica. Ahora que se ha recuperado el crecimiento, aunque no los niveles de igualdad, riqueza, salarios y empleo previos a la crisis, el Gobierno se propone realizar cambios en la fiscalidad.

En este nuevo contexto se inscribe el pacto de Albert Rivera con Mariano Rajoy para que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros no paguen IRPF y que la rebaja fiscal también beneficie a las personas con hijos discapacitados a cargo. Como mucho, se está hablando de bajar el IRPF en 2.000 millones de euros a partir del primero de enero de 2018, en el décimo aniversario del primer gran año de la crisis.

¿Cambiará eso el curso del Amazonas? No. Si se rebaja en 2.000 millones el IRPF previsto para 2016 (75.432 millones) estaríamos en 73.432 millones, es decir, todavía más que en 2007, cuando se recaudaron por este impuesto 72.614 millones. Las cifras puestas en contexto suelen ayudar a comprender mejor de lo que habla el Gobierno.

Por el contrario, poco o nada se dice de recuperar el impuesto donde sigue estando el gran problema de la recaudación –el de Sociedades– o de mejorar la lucha contra el fraude fiscal en un país donde su economía sumergida ronda el 25% del PIB. En millones de euros, la diferencia por menor recaudación en Sociedades es de nada menos que 20.000 millones: 44.823 recaudados en 2007 frente a los 24.868 previstos para 2016. Es verdad que la menor recaudación se ve condicionada por las bases imponibles negativas, herencia de la crisis de las empresas, y que hubo un cambio del tipo base del impuesto pero aun así cuesta entender este estado de cosas

¿Conclusión? No se habla de las grandes cifras de la recaudación de impuestos ni se entra en el debate de fondo que entraña la fiscalidad de las rentas de capital y del trabajo, peor tratadas que las primeras. Da la impresión de una reforma fiscal maquilladora que deja a un lado la dualidad latente.

Este estado de cosas permite, por ejemplo, que algunas rentas estén exentas de tributación o que tributen menos. También, que haya bonificaciones fiscales discutibles en términos de equidad, lejos de avanzarse hacia la progresividad. Los únicos bajo control total siguen siendo los asalariados.

Sorprendentemente, la Oposición no entra a fondo en este tipo de cosas y cuando lo hace no siempre logra explicarse: o bien por que no da alternativas realistas o bien por que se refugia en un discurso populista. La solución ni siquiera tendría porque estar planteada en términos de izquierda y derecha, sino en términos democráticos y progresivos.
Se supone que la lucha contra el fraude debería ser un objetivo común de todas las fuerzas políticas; máxime cuando la batalla contra los defraudadores se está perdiendo: en 2016 se recaudó 14.883 millones, un 4,9% menos que un año atrás, con una bolsa de fraude derivada de la economía sumergida estimada en 239.175 millones por parte del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El Consejo de Economistas, aun cuando rebaja ese cálculo, sostiene que Hacienda deja de ingresar 26.000 millones al año por el fraude fiscal.


Jose Luís Gómez es periodista y editor de Mundiario.com

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