La ley de referéndum declararía la independencia en 48 horas si gana el “sí”

La futura ley de referéndum, presentada por JxSí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el , sin fijar un mínimo de participación. La iniciativa, que no se ha registrado aún como proposición de ley en el Parlamento catalán, fue dada a conocer en un acto en el auditorio de la Cámara catalana, al que asistieron diputados de JxSí, CUP, Podem y EUiA, mientras que se ausentaron CSQP, Ciudadanos, PSC y el PPC. Posteriormente, tuvo lugar otra presentación en el Teatro Nacional, para el público e invitados, con presencia también, entre otros, de diputados de JxSí y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

Los diarios detallan que el texto, que consta de 34 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales, pactado entre PDECat, ERC y la CUP, cuya aprobación está prevista para finales de agosto, establece “un régimen jurídico excepcional”, desde el momento en que entre en vigor y hasta la fecha del hipotético referéndum, previsto para el 1 de octubre. Así consta en el artículo 3, que declara al pueblo de Cataluña como “soberano” y al Parlamento autonómico como “representante de la soberanía”.

Previamente, se hace referencia a los tratados internacionales aprobados por España para señalar que éstos “reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación” de las naciones. Los proponentes consideran esta ley como “un acto de soberanía” al tiempo que acusan el Tribunal Constitucional de haber “roto” el pacto constitucional con la sentencia de 2010 sobre el Estatuto.

En el texto, que establece el marco jurídico y técnico para la celebración del anunciado referéndum, se señala que si hay más votos afirmativos que negativos, “implica la independencia de Cataluña”, que se declarará dos días después de la validación del resultado, y si es al revés, “convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas”.

Se plantea la creación de una sindicatura electoral de Cataluña, que sería el organismo electoral encargado de organizar el referéndum. El artículo 30 incluye la obligatoriedad de los ayuntamientos a que pongan “a disposición” de la administración electoral “los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Si no lo hicieran la Generalitat habilitaría “locales alternativos”.

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