Al Estado le bastan 24 horas para paralizar la ley de referéndum

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió, ante la pretensión de los soberanistas catalanes de aprobar una ley que en 48 horas permita la declaración de independencia, que “al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización”, tras lo que explicó que “la Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de la transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia”, pero, según subrayó, “el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Por ello, garantízó que el referéndum independentistas “no se va a celebrar”.

Sáenz de Santamaría instó a la Generalitat a dejar de “sembrar división” entre los catalanes. A ello añadió que los únicos actos preparatorios en serio que ha hecho la Generalitat han sido amenazar a los medios de comunicación, presionar a los funcionarios, “tratar de endosar su responsabilidad a los alcaldes, neutralizar a la oposición y cesar a los disidentes”.

Según la vicepresidenta, la estrategia de la Generalitat es repetitiva y consiste en hacer un anuncio cada día en un escenario distinto “de un referéndum que no se atreven a firmar y, además, no saben cómo van a organizar”. Sáenz de Santamaría añadió que “hacer un borrador de una ley es algo relativamente fácil. Bastan cuatro folios” y es “mucho más sencillo si no se tienen reparos a la hora de saltarse la Constitución”, pero incidió en que organizar un referéndum es algo totalmente distinto, al tiempo que consideró que hablar de garantías cuando se están saltando la democracia es “una provocación”.

Sáenz de Santamaría lanzó un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y al conjunto de los españoles porque la ley, apuntó, “es lo que deciden los españoles que sea ley, y no lo que redactan unos cuantos señores con delirios independentistas en una tarde tratando de demostrar que van a lograr lo que no pueden conseguir”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió ayer de que la futura ley de referéndum pactada por JxSí y la CUP es “manifiestamente antidemocrática” y se mostró convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Catalá dijo que “no hay democracia” al margen de la ley y de la Constitución, tras lo que lamentó la “deriva profundamente totalitaria y antidemocrática que impulsan JxSí y la CUP, donde “parece que son las minorías las que gobiernan”, dijo.

Por otro lado los 1.500 funcionarios de las 993 entidades locales de Cataluña a los que el Gobierno ha enviado una carta instándoles a no colaborar con la organización del posible referéndum secesionista, ya han comenzado a recibir el escrito, en el que se les pide que velen por el adecuado destino de los fondos públicos. El Gobierno recuerda “la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria. El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, encargado de remitir la carta a 947 ayuntamientos de toda Cataluña, 4 diputaciones provinciales y 42 comarcas, dijo ayer que el Gobierno no descarta advertir por carta a los directores de colegio catalanes sobre el cumplimiento necesario de la ley de cara al posible referéndum unilateral. “Si es necesario lo haremos”. “Las medidas que tomemos serán proporcionales a lo que vaya sucediendo”, dijo en declaraciones a Onda Cero.

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