Comisiones de investigación

Ya sé que lo que voy a decir es no sólo políticamente incorrecto, sino incorrectísimo. Pero creo que Bárcenas tuvo el lunes pasado en el Congreso más razón que un santo cuando, estando como está inmerso en dos procedimientos judiciales de no poca monta, se negó en principio a contestar a las preguntas que se le formulasen por si pudieran complicarle el paso –no fácil- por los Juzgados. Cualquier otro en su circunstancia procesal hubiera actuado de la misma manera. Luego, la verdad, es que contestó, replicó o precisó en al menos 64 ocasiones.
Por supuesto, el PP hizo al tiempo lo esperable: negarse a interrogar al compareciente en una Comisión abierta en exclusiva contra el partido cuando en materia de financiación irregular de formaciones políticas hace tiempo que llueve por doquier y no poco.

Conmovía, en efecto, la portavoz socialista Isabel Rodríguez remontándose a los tiempos del caso Naseiro en abril del 90 sin querer percatarse de que su partido había llegado a las elecciones del 89 también “dopado” por financiación irregular en lo que se conoció como caso Filesa.

Como se recordará, años más tarde el PP de Aznar, siempre tan generoso, concedería un indulto parcial a tres de los condenados. Josep María Sala, así mismo inculpado, sería elevado después por el PSC a la Ejecutiva del partido como responsable de…. Formación. En fin: ya se sabe que el Partido Socialista es un maestro en esto de la memoria selectiva.

De todas formas, ya se sabe también que las comisiones de investigación no suelen valer para clarificar nada. Tal como se ha dicho, fuera del rendimiento mediático para quienes las promueven y del castigo político que puedan infligir al investigado, sus sesiones conducen a muy pocos hallazgos y sus conclusiones pueden adivinarse ya desde el minuto uno según la correlación de fuerzas del ámbito en que tienen lugar. Y si, encima, se celebran al tiempo que procesos judiciales en marcha, la inutilidad de las mismas es todavía más palmaria. Los investigados se negarán las más de las veces a complicarse la vida.
Siempre he pensado que en la mayoría de los supuestos dichas comisiones habrían de ser consecuencia de responsabilidades penales establecidas con anterioridad por los Tribunales. Porque si éstas al final no existen, malamente deberán establecerse las políticas. Se alega que unas y otras son distintas. Pero situar a las segundas en paralelo o por delante de las primeras contradice la más elemental lógica, cuando no al Derecho mismo.

Se trata, en definitiva, de uno de esos absurdos que de un tiempo a esta parte han ido asentándose en nuestra práctica política. Al igual que la exigencia de dimisión fulminante por el mero hecho de resultar investigado por el instructor de turno. O las reprobaciones sin cuento que están devaluando el alcance del procedimiento, aunque su ruido sea mucho. Claro: tal vez sea eso lo que se busca.

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