Las ayudas a la banca

En 2010 conocimos gracias a un informe publicado en Harvard Business Review, que la factura completa del rescate y reflotamiento del sistema financiero internacional ascendía, hasta finales de 2009, a 13 billones de dólares. Es decir, el 21,12 del PIB mundial,  lo que suponía una carga adicional próxima a los 1.900 dólares por cada ser humano del planeta.

En noviembre 2012 supimos que los fondos públicos  destinados a la crisis financiera en España superaron los 85.000 millones de euros. Es decir, 1.850 euros por persona. En  julio de 2013 nos enteramos de que el FROB daba por perdidos 36.000 millones de euros que tendríamos, de nuevo, que financiar con gasto público, con los fondos de todos. Y hoy,  junio de 2017, nos enteramos, por el Banco de España, que no se recuperarán 60.613 millones de euros, el 78% de las ayudas públicas concedidas a las entidades financieras españolas para su reflotamiento.

En noviembre de 2014, la Comisión Nacional de la Competencia reconocía, a partir de cálculos efectuados de acuerdo con la metodología europea, que las ayudas públicas comprometidas para salvar a la banca ascendieron a 371.358 millones. Si a esta abultada cantidad restamos el 60%, que son garantías otorgadas por el Estado y que no se han ejecutado y no han supuesto quebranto alguno, el montante de dichas ayudas arroja la friolera de 88.000 millones, 59.743 millones de euros para recapitalizaciones y 38.395 millones  destinados a esquemas de protección de activos. Mientras que en 2008 las ayudas fueron de 2.331 millones de euros ya en 2012 ascendieron a 141.395 millones de euros.

 Por su parte, el Banco de España cifraba en junio de 2014  las ayudas públicas desde 2009 en 61.495 millones de euros, de los que hasta entonces, según el supervisor financiero nacional, se habían recuperado 1.760 millones.

En realidad, sea cual sea la cifra final de las ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero español, lo cierto y verdad es que no es de recibo que sean los bolsillos de los ciudadanos lo que tengan que cargar con esta multimillonaria factura. Una factura cuyo montante en buena medida se debe a la negligencia de una serie de directivos y dirigentes que, en muchos casos, no solo no han respondido de su gestión, sino que se encuentran disfrutando de suculentas indemnizaciones

En una profunda crisis general, económica, política, y sobre todo moral, con millones de personas desempleadas, con millones de personas en el umbral de la pobreza, la factura de la crisis bancaria es colosal y, sobre todo, lo que más sorprende, es que en buena medida ha sido a fondo perdido. 60.613 millones de euros es mucho dinero. Tanto, que se debe explicar, con todo lujo de detalles, cual ha sido su destino y por qué no se ha recuperado. Así de claro.

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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