El ministro portavoz recuerda a Puigdemont su obligación de cumplir la ley

Íñigo Méndez de Vigo ha manifestado que el anuncio del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de celebrar el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre es “un nuevo paso en una estrategia que, a juicio del Gobierno, no conduce a ninguna parte, una estrategia cada vez más minoritaria, más unilateral y más radical”.

El acto, en opinión del portavoz del Ejecutivo, es “una escenificación que trata de disimular la soledad de los convocantes y el aislamiento de todas y cada una de sus actuaciones” y muestra que “cada vez son menos, que solo están ya los más radicales y que han fracasado todos sus intentos de buscar nuevos aliados en esa hoja de ruta”.

“El Gobierno de España quiere recordar al señor Puigdemont, a su Gobierno y al conjunto de las instituciones de Cataluña su obligación de cumplir la ley, de proteger los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y de preservar la neutralidad de los funcionarios catalanes que cumplen con su obligación día a día y que no tienen por qué verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren manteniendo un desafío al estado de derecho”, ha añadido Méndez de Vigo.

Además, el ministro ha recordado que, de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional de febrero de 2017, cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalitat o por cualquier institución catalana es contrario a la ley y tendrá las correspondientes consecuencias legales: “Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de anuncios, que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el Gobierno como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico”.

No obstante, Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno sigue “teniendo la mano tendida para negociar, sin condiciones y sin fecha de caducidad, siempre dentro de la ley”. Asimismo, ha reiterado la “invitación abierta” del Ejecutivo para que el presidente Puigdemont acuda, si quiere que el referéndum que plantea sea legal, al Congreso de los Diputados, única instancia con capacidad de reformar los artículos 1 y 2 de la Constitución.

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