Un país paralizado

Muy mucho me temo que el tiempo político que estamos viviendo pase a la pequeña historia de esta España nuestra como un paréntesis para olvidar cuanto antes. Con teórico buen criterio, Rajoy se negó en su momento a convocar unas terceras elecciones en menos de un año y optó por adentrarse en una legislatura cargada de riesgos prácticos y que a la postre se está demostrando imposible.

Lo que va sacando adelante es más bien poco y tal vez esté pagando por un ello un precio excesivo. Su permanente mano tendida se ha topado con una oposición montaraz incluso por parte de quien estaba llamado a pasar por socio lógico. Y aunque la economía va tirando por su cuenta, lo cierto es que el país está en la práctica paralizado. Los grandes temas pendientes o siguen tal como estaban o se avanza en ellos muy lentamente.

La corrupción –grande y pequeña- lo está absorbiendo todo. El reciente episodio de Cristina Cifuentes a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide investigar por lo que a su juicio pudo ser una irregularidad punible en la concesión del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, es buen ejemplo de los despropósitos que se están cometiendo en el tratamiento de buena parte de estos incidentes judiciales.

En su informe la UCO pide al juez al juez que investigue a la presidenta madrileña. Pero ya, y sin que éste hubiera movido un dedo en tal sentido, se levanta la gran polvareda política y mediática. Se ha dicho y con razón que la velocidad con la que se preimputó o preinvestigó y se (des)imputó o des(investigó) a la presidenta de la Comunidad de Madrid es como para todos los protagonistas de la aventura, desde la policía a la fiscalía, el juez instructor y los propios medios y los periodistas hagan parada y revisen su proceder.

Sin esperar siquiera a que en sede judicial la eventual investigación concluya algo, ya las fuerzas de la oposición tienen citada a Cristina Cifuentes para dentro de unos días a fin de que dé unas explicaciones en sede parlamentaria que no van a servir para nada aclaratorio por mucho que la presidenta madrileña se esfuerce en ello, al igual que ha sucedido con otros convocados. En la mayoría de los casos lo lógico sería que las responsabilidades políticas fueran consecuencia de responsabilidades penales establecidas con anterioridad. Pero aquí andamos en esto al revés.

Lo que a la oposición interesa, claro, no es tanto conocer la verdad de los hechos cuanto el desgaste político del afectado. Y que todo ello sea protagonizado por la izquierda, no debería sorprender. Pero que con todo entusiasmo se haya puesto también al frente de la procesión quien en teoría es socio de gobierno, léase Ciudadanos, se entiende peor. O no, que diría Rajoy

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